Un vecino de Ceuta se sentará el próximo mes de octubre en el banquillo por unos hechos ocurridos hace más de dos años en el Centro de Salud del Tarajal.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado protagonizó un episodio de gran violencia en el interior de las instalaciones sanitarias, donde habría causado daños en distintos equipos y, posteriormente, habría agredido al vigilante de seguridad y a la gerente del centro.
Los hechos se remontan al 7 de febrero de 2024, cuando, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado se encontraba en el centro sanitario en un elevado estado de nerviosismo y agitación.
A partir de ese momento, siempre según la versión del Ministerio Fiscal, comenzó a arremeter contra el mobiliario y distintos enseres del centro, para después enfrentarse físicamente con dos trabajadores.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena que, en conjunto, alcanza los 7 años y 6 meses de prisión, además de distintas penas de multa, la prohibición de aproximarse al Centro de Salud del Tarajal y el pago de indemnizaciones por los daños y las lesiones ocasionadas.
Según el relato del Ministerio Fiscal, sobre las 11:30 horas del 7 de febrero de 2024, el acusado se encontraba en el Centro de Salud del Tarajal en un estado de elevado nerviosismo y agitación y, con intención de dañar la propiedad ajena, comenzó a arremeter contra el mobiliario y diferentes enseres de las instalaciones.
Como consecuencia de esta actuación, resultaron dañados una pantalla de ordenador de 32 pulgadas, una pantalla Turno de 24 pulgadas y un dispensador de tickets.
Los daños ocasionados en estos equipos fueron posteriormente tasados pericialmente en 426 euros, cantidad que la Fiscalía reclama que sea abonada a Ingesa en concepto de responsabilidad civil.
El escrito de acusación señala que, en el mismo lugar y momento, el acusado se habría dirigido contra el vigilante de seguridad del Centro de Salud, con la intención de atentar contra su integridad física.
Según Fiscalía, el acusado arremetió contra el trabajador y le propinó una serie de golpes, provocándole diferentes lesiones.
En concreto, el vigilante sufrió artritis postraumática del quinto dedo de la mano izquierda, eritema y hematoma en la mano izquierda y un estado de ansiedad.
Las lesiones precisaron una primera asistencia facultativa y, de acuerdo con el informe recogido en el escrito de acusación, el perjudicado tardó 15 días en curar, todos ellos considerados como perjuicio básico.
Por estas lesiones, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al perjudicado con 450 euros.
Acto seguido, siempre según el relato de la Fiscalía, el acusado se habría dirigido hacia la gerente del Centro de Salud, actuando con intención de atentar contra su integridad física y con un evidente desprecio hacia el principio de autoridad.
El escrito sostiene que el acusado portaba un objeto de gran contundencia y que, con él, habría propinado varios golpes a la gerente.
Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió una crisis de ansiedad, artritis postraumática del antebrazo derecho, artritis postraumática del tercer dedo de la mano derecha con arrancamiento parcial de la uña y un traumatismo costal derecho.
Estas lesiones también requirieron una primera asistencia facultativa. La perjudicada tardó, según la valoración recogida por Fiscalía, 10 días en curar, considerados igualmente como perjuicio básico.
La Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la perjudicada con 300 euros por las lesiones sufridas.
Por el conjunto de los hechos, el Ministerio Fiscal considera que existen responsabilidades por distintos delitos y solicita al acusado penas que, en total, alcanzan los 7 años y 6 meses de prisión.
En concreto, por el delito de daños, Fiscalía solicita 3 años de prisión y 24 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros. También solicita responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas de multa que no fueran satisfechas, además de la prohibición de aproximarse al Centro de Salud del Tarajal.
Por el delito de atentado con uso de instrumento peligroso, la petición de Fiscalía asciende a 4 años y 6 meses de prisión.
Finalmente, por cada uno de los dos delitos leves de lesiones, el Ministerio Fiscal solicita 3 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros y la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas no satisfechas.
En materia de responsabilidad civil, Fiscalía reclama que el acusado abone 426 euros a Ingesa, correspondientes a los daños ocasionados en el mobiliario y los equipos del Centro de Salud del Tarajal.
A esta cantidad se suman las indemnizaciones reclamadas por las lesiones sufridas por los dos trabajadores. El Ministerio Fiscal solicita el pago de 450 euros a uno de los perjudicados y de 300 euros a la otra perjudicada.
El juicio está previsto para el próximo mes de octubre en Ceuta, donde deberán analizarse los hechos y las pruebas aportadas por las partes.
En cualquier caso, las penas y responsabilidades expuestas corresponden a la petición formulada por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. Será el órgano judicial competente, tras la celebración del juicio, el que determine si existe responsabilidad penal y, en su caso, las consecuencias que correspondan.
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