Dice el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que Ceuta no es California. También dice que la Ciudad no quiere que se solucione la necesaria acogida de inmigrantes que violentaron el espigón del Tarajal para cruzar desde Marruecos en un claro ataque a la integridad territorial, algo que reconoce incluso una magistrada como María Tardón.
Él es el ministro bronco del equipo de Pedro Sánchez, el que ha firmado la orden para tomar el control sobre el puerto y autorizar la implantación del campamento para 1.000 inmigrantes que ya se levanta en la explanada del muelle de Poniente.
Esa orden desatendió todos los informes opuestos a situar ese asentamiento en una zona considerada crítica y de relevancia para la seguridad portuaria.
Todos los escritos y expedientes tanto del Puerto de Ceuta como de empresarios y transportistas, además de la resolución que tiene que ver con la decisión adoptada por el Consejo de Administración del Puerto, han sido desatendidos sin reparar en la consideración de la explanada como “infraestructura crítica” que es.
Cada uno de los informes incorporados al expediente tiene un sello de responsable distinto, pero todos coinciden en los riesgos y las incidencias que pueden sucederse.
Se alude, por ejemplo, al riesgo por el combustible acumulado, al aumento de las incidencias relacionadas con la intrusión en barcos o a cómo se deja claro que la resolución adoptada por Puente es “inviable desde el punto de vista legal”.
Cierto es que esa explanada figuró en el real decreto consensuado entre administraciones, pero también que todos los actores que algo tienen que decir se han puesto en contra. El movimiento estratégico ha sido claro: la imposición.
Lo que ya se ha convertido en un auténtico culebrón político con acusaciones de deslealtad tiene a sus espaldas una cronología basada en informes todos negativos contra la implantación de un campamento para 1.000 personas que serían trasladadas de los puntos más tensionados, como son el Trampolín o los accesos a Loma Colmenar.
El primer escrito cursado para pedir este campamento vino de la mano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que aludió a la existencia de una situación de especial gravedad derivada la presión migratoria que afecta a Ceuta y que exige la actuación de las distintas administraciones.
La petición se fundamentó en “la necesidad de adoptar acciones urgentes dirigidas a garantizar la atención a los inmigrantes” después de que “el número de llegadas fuera impredecible, desbordando todas las capacidades del programa de atención humanitaria, lo que urge esa acción inmediata”.
El puerto se presenta como el espacio ideal para ubicar carpas con zonas de descanso, enfermería, dispensario, bancos para intervención y oficinas de personal. En un escrito firmado por la secretaria de Estado, Pilar Cancela, se pide al Puerto la ocupación temporal de esa explanada hasta el 31 de diciembre, al concurrir “razones de extraordinaria urgencia e interés publico”.
Puertos del Estado llega a solicitar al Puerto de Ceuta esos terrenos, argumentando que “esta situación impone a todas las Administraciones Públicas, organismos y entidades integrantes del sector público un especial deber de colaboración, coordinación y cooperación, así como la obligación de poner a disposición de la autoridad competente los medios y recursos necesarios para la adecuada gestión de la crisis”.
El inicial escrito de Puertos del Estado se repite solo 24 horas después apremiándole al Puerto que “adopte las medidas que resulten necesarias para impulsar esta tramitación con la máxima diligencia, para resolverse en el mínimo tiempo”, se recoge en el informe.
Todos los organismos vinculados a la Autoridad Portuaria se han opuesto, desde los servicios de seguridad hasta los jurídicos, pasando por la logística y los empresarios, además del comité de empresa, ya que consideran “contraproducente” la ubicación de ese campamento “por seguridad”-
No se han tenido en cuenta, avanzando cada vez con mayor celeridad la ubicación de un espacio que va a acoger a más inmigrantes que el propio CETI.
En el último escrito de Puertos del Estado se advierte de que “cualquier actuación, omisión o retraso injustificado que dificulte o impida la efectiva disponibilidad de dichos recursos para la autoridad funcional podría resultar incompatible con los deberes de colaboración y cooperación exigibles durante la vigencia de la situación declarada y dar lugar, en su caso, a la exigencia de las responsabilidades que procedan”.
“Las administraciones deben actuar con la máxima diligencia, eficacia y sentido de responsabilidad institucional”, refrenda en su escrito solicitando un “comportamiento ejemplar” de todas las instituciones.
El jefe de División de Explotación del Puerto recoge en el informe trasladado por el Puerto que “hay concesiones activas en las que se desarrollan actividades de logística y almacenaje, entre las que cabe señalar la Dúcar y Endesa”.
Aporta un dato de interés: “Allí se almacenan hasta 42.000 toneladas de combustible, con líneas conductoras hasta los atraques. Ocupar esas parcelas aumentaría considerablemente el riesgo de sabotajes a las instalaciones mencionadas, riesgo para abastecer a la central eléctrica que suministra a toda la ciudad, con efectos no deseados en casos de producirse”, destaca.
“Los accesos a las parcelas conectan con dos zonas que constituyen uno de los principales núcleos comerciales y del tejido productivo de la ciudad, pudiendo verse afectados los comerciantes”, reseña.
“Desde el punto de vista de la seguridad” también se cita “la cercanía al colegio Ortega y Gasset y la pista deportiva del barrio que frecuentan los niños”.
Hay más advertencias, como el hecho de que el campamento esté cerca de las escolleras, lo que “puede dar pie a que se formen asentamientos cuando no haya capacidad, lo que sucede en Loma Colmenar”. El jefe de División de Explotación del Puerto cita un precedente, el de la entrada masiva de 2021, “cuando se suspendieron operaciones de suministro de combustible”.
La cercanía a zonas críticas donde se hacen cargas de combustible exige de seguridad.
Y aquí se recoge un dato demoledor: “Desde la entrada masiva, las incidencias han aumentado pasando, por poner un ejemplo, de 35 en julio a más de 1.203 en el mes de agosto, por lo que se pide un refuerzo de agentes”.
El jefe de División de Protección de Infraestructuras Críticas, responsable de seguridad, también advierte en otro informe de los riesgos derivados y señala que “ya se sufre una situación de inseguridad en zonas restringidas, con constantes intentos de acceso no autorizados por tierra y mar, reyertas, intentos de entrar en buques y embarcaciones atracadas”.
Alude a las 11 incidencias en julio que registró su departamento a las 560 del mes de agosto.
“Considero oportuno destacar que las instalaciones en el Dique de Poniente y Muelle Cañonero Dato confluyen en el interior de la zona restringida del Puerto de Ceuta, y que muchas de las incidencias de protección detectadas en Muelle Cañonero Dato tienen su origen en intrusiones realizadas en la otra instalación, por lo que debo de informar que en el mes de agosto se han documentado 603 incidencias en Muelle Cañonero Dato”, recoge en su documento.
La principal amenaza que se consideran tanto en las evaluaciones de protección de la
instalación portuaria como en la evaluación de protección del Puerto es la introducción de personas no autorizadas, fundamentalmente “para acceder a los buques de mercancías o que comunican con la península o para efectuar robos en los almacenes ubicados en la zona de servicios del área restringida, sin perder la vista en posibles atentados y sabotajes tanto a las instalaciones como a las conducciones que recorren todo el dique y a los tanques de almacenamiento de combustible situados en el exterior del recinto (Ducar II) con una capacidad máxima de almacenamiento de 42.000 toneladas, colindando con las parcelas seleccionadas para la instalación de los recursos”.
“Este último dato nos obliga a exponer las interdependencias existentes con Operadores pertenecientes al Sector Energético como son las empresas Dúcar y Endesa, las cuales recepcionan sus productos a través de la instalación portuaria Dique de Poniente, y sus instalaciones se encuentran a escasos metros de esta, por lo que una paralización total o parcial de la operatividad portuaria podría acarrear unas consecuencias nefastas para la prestación del servicio de ambas entidades”, expone como dato de mayor gravedad.
Informa además de cómo buena parte de los servicios esenciales se están viendo interrumpidos de manera discontinua (paralizaciones y retrasos en las rotaciones del transporte de pasajeros en ferry por las distintas compañías navieras).
“En las evaluaciones de protección del Puerto, como en la evaluación de protección de la instalación portuaria, así como en los correspondientes Planes de Protección Portuarios y Plan de Protección Específico de la Instalación Crítica, todos en vigor, no se consideraron en ningún caso los riesgos que puedan conllevar la instalación de este tipo de recurso en las zonas adyacentes al recinto”.
La consideración para todos es la misma: “No considero viable la instalación de una zona de acogimiento de inmigrantes sin tener previsto un reforzamiento adecuado de seguridad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes tanto en la zona exterior como la zona interior del Dique de Poniente, así como un Plan de Respuesta ante posibles situaciones de riesgo que pudieran originarse y revisión del Plan de Apoyo Operativo asignado al Puerto de Ceuta”.
El jefe de la División de la Asesoría Jurídica deja claro en su informe que las parcelas están afectadas por el proyecto de ejecución de la urbanización de la ampliación de poniente fase 1 programado en el plan de inversiones de la APC financiado por fondos FEDER por valor de 3 millones y medio.
“La licitación estaba programada para septiembre y esta ocupación imposibilita los trabajos y conlleva la perdida de fondos europeos”, expone.
“La petición del ministerio no es conforme a derecho por motivos insalvables de ilegalidad y de incompatibilidad material de usos. A la luz de los informes de explotación y protección concurre una incompatibilidad operativa de carácter absoluto y critico que imposibilita la autorización del uso”.
Hay un “riesgo crítico de seguridad industrial y suministro general, ya que colinda con almacén de mercancías peligrosas”, advirtiéndose además de la previsible “alteración grave del orden y trafico portuario.
“La solicitud del Ministerio no es conforme a derecho, hay incompatibilidad con la normal explotación y la seguridad portuaria”, existiendo además un “perjuicio por pérdida de fondos”.
En base a todos los informes, el director del Puerto desaconsejó la ubicación del campamento, contando además con la oposición de concesionarios y empresarios que llegan a solicitar como alternativas de espacios como el campo de tiro del Desnarigado o el cuartel de la IV Bandera de la Legión.
Advierten de que, en el caso del último, está preparado para la acogida de inmigrantes.
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