Lo que no se le puede discutir al equipo de gobierno es la voluntad política de que los trabajadores del Convenio de Inmigración continúen presentado sus servicios. Pero hay que dejar bien claro que una cosa es la voluntad política y otra bien distinta que se puedan resolver las situaciones que se plantean en el camino tanto desde el punto de vista funcional, económico y jurídico. Porque lo que no se le puede pedir al ejecutivo es que, por ejemplo, se salta la ley y la normativa que existe en distintos campos. Esta cuestión hay que estudiarla con detenimiento, porque no olvidemos que aquí se está hablando de unos trabajadores que percibían sus salarios de un convenio que era financiado por la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma. Que desde Madrid se ha ido recortando y la Ciudad ha debido ir aumentado su cuota de participación. Madrid ya ha dicho que desaparece y aquí se está teniendo esa política de buscar una salida al problema.
