Cuando el “okupa” sale victorioso, la historia de Pedro Andrés Aranda

Esta es la historia de Pedro Andrés Aranda, un padre de cuatro hijos que junto a su esposa vivió una auténtica pesadilla en Ceuta tras ser tachado de “okupa” al negarse este a continuar el pago de un alquiler con derecho a compra de la que sería la casa de sus sueños, en Villajovita.

Aranda y su pareja tenían claro que la compra de la vivienda sería una realidad cercana, por lo que realizaron un depósito inicial de 22.000 euros en concepto de arras, muestra inequívoca de la buena fe y firme de adquirir la propiedad.

Problemas estructurales y eléctricos severos

Esto sucedía en 2023. La familia habitó la vivienda en septiembre del mismo año y ya desde el primer mes se temieron el infierno que se les avecinaba: “Graves humedades, presencia de cucarachas y, lo que es más alarmante, problemas estructurales y eléctricos severos que la hacían inhabitable y peligrosa”.

Un informe pericial independiente realizado en 2025 certificó que la vivienda no cumplía las condiciones de “seguridad, salubridad y habitabilidad” y que “presentaba problemas existentes antes de la firma del contrato”.

Cese del pago del alquiler

Tras esto, a los tres meses de habitar la vivienda, la familia decidió dejar de pagar el alquiler y demandar a los propietarios del inmueble con el objetivo de recuperar su inversión inicial o exigir a la propiedad una obra que proporcionara el estado en el que creían haberla adquirido los inquilinos acusados de okupas.

Estos sostuvieron que la vivienda estaba en buenas condiciones y que desconocían dichos problemas estructurales en el momento de la firma del contrato.

La justicia habla: Pedro Andrés sale victorioso

Ahora, una vez llegada la resolución judicial, el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Ceuta ha dado la razón a Pedro Andrés Aranda, dictaminando que, “con carácter principal declare la nulidad, por concurrencia de error vicio del consentimiento en el arrendatario-comprador demandante, de los contratos de arrendamiento con opción a compra sobre la vivienda sita en Ceuta (…) y contrato de arras suscritos en fecha de 16 de agosto 2023”.

Sucesión de los hechos

El 1 de septiembre de 2023, el propietario entregaba las llaves a Aranda. Tres días después la familia ponía de manifiesto la existencia de humedades. El mismo día 5 de septiembre ponían en conocimientos de los propietarios la existencia de problemas con el suministro de agua.

El 8 de septiembre de 2025 discuten ambas partes por el estado de la casa; el 25 hacen lo propio sobre las responsabilidades de las reparaciones y, dos meses después, se detectan en la vivienda, dando el primer aviso a los propietarios, problemas graves eléctricos.

Nulidad del contrato

Como acción principal, tras revisar la sentencia que el propio Aranda ha facilitado a El Faro, es conveniente publicar tras la petición expresa de este “la nulidad por concurrencia de error vicio del consentimiento en el arrendatario-comprador demandante, de los de los contratos de arrendamiento con opción a compra sobre la vivienda sita en Ceuta y contrato de arras suscritos en fecha de 16 de agosto 2023”.

De esta manera, una historia que fue denunciada públicamente anteriormente en El Faro, recogiendo ambas versiones entonces, ha obtenido una resolución judicial en la que Pedro Andrés Aranda ha salido victorioso.

Cuando el “okupa” sale victorioso

Asimismo, y siendo una noticia muy positiva para esta familia numerosa que ha visto su vida frustrada durante años, la justicia ha resuelto el pleito de manera satisfactoria para Aranda, siendo este un caso llamativo, cuando el “okupa” sale victorioso, la historia de Pedro Andrés Aranda.

Recordemos que esta familia había invertido sus ahorros en las arras del piso que creían sería su hogar, el lugar que habitarían durante toda una vida, pero pronto vieron sus días fundidos a negro, con cuatro hijos, sin ahorros y viviendo entre vigas y desprendimientos de techos, con problemas eléctricos, humedades y cucarachas.

Indemnización por daños morales

La resolución judicial, y así lo ha podido comprobar El Faro en la sentencia facilitada por Aranda, los demandados han sido condenados a la devolución de 25.000 euros a los demandantes. 22.000 euros que los propietarios habrían recibido en concepto de arras; más 3.000 euros correspondientes a las mensualidades de renta abonadas por el demandante.

Igualmente se condena a los demandados a indemnizar al demandante por los daños morales sufridos que se cuantifican en 3.000 euros.

Cabe mencionar que durante años la familia ha vivido en condiciones lamentables y ha sido tachada de okupa.

“Sin legitimidad para lo que dijeron”

“En la sentencia declaran la nulidad del contrato y reconocen que ellos no tienen legitimidad para lo que dijeron. Queremos que se conozca que ellos mintieron cuando dieron su versión y que, finalmente, la justicia nos ha dado la razón”, ha concluido Aranda.

Ahora, los propietarios podrán presentar apelación, o no, pero la justicia reconoce error vicio en el momento de la firma del contrato, por lo que ser un “okupa” no fue un capricho para no pagar el alquiler y vivir “de gratis” por parte de la familia de Pedro Andrés Aranda, si no una decisión irrefutable para recuperar lo que un día invirtieron en el sueño de sus vidas, su hogar.