La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (
CEAR) ha desvelado este lunes, en la presentación de su ‘XXI Informe Anual: La situación de las personas refugiadas en España y Europa’, que la tragedia de la valla de Melilla en junio de 2022 propició un cambio de la ruta migratoria hacia Ceuta. Además de denunciar las "graves dificultades" para acceder al asilo en España, su informe incluye una propuesta a los partidos que puedan conformar gobierno en las elecciones del 23 de julio (23J) relativa a Ceuta y Melilla. CEAR plantea a las formaciones políticas "garantizar el cese de las devoluciones ilegales y sumarias de personas que llegan" a las ciudades autónomas y "retirar la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, que pone en grave riesgo el derecho de asilo al no contemplar el procedimiento y las garantías debidas bajo las que se llevará a cabo la figura del 'rechazo en frontera'. "Al amparo de esta norma, muchas personas merecedoras de protección internacional siguen siendo expulsadas de manera ilegal a Marruecos, donde su vida corre peligro, sin tener acceso al procedimiento de asilo. Esto es una grave vulneración de la normativa europea e internacional", critica esta organización.
La eliminación de la exención de visado con la reapertura de la frontera
Las nuevas relaciones entre España y Marruecos tras el cambio de postura con respecto al Sáhara Occidental llevaron a la apertura de la frontera terrestre de Ceuta y Melilla el 17 de mayo de 2022. No obstante, las condiciones de apertura distan de las existentes antes del cierre en marzo de 2020. Actualmente, solo aquellas personas que disponen de un visado o permiso de residencia vigente pueden acceder a la ciudad, quedando sin aplicación la previa exención de visado y pone como ejemplo a los residentes en la provincia de Nador, aunque también ocurre en el Tarajal. "Esta decisión ha tenido consecuencias en el acceso al asilo, pues ya no es posible acceder a la ciudad beneficiándose de la exención de visado para solicitar protección internacional", destaca CEAR en su documento.
La tragedia del salto a la valla de Melilla
El fortalecimiento del control migratorio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no impidió el aumento en las cifras de llegadas al final de 2022 pero dejó este trágico salto a la
valla difícil de olvidar. El 24 de junio de 2022 fallecieron en la frontera de Melilla, entre España y Marruecos, al menos 37 personas, 77 aún se encuentran desaparecidas y se produjeron 470 devoluciones ilegales y sumarias, según las cifras que baraja la entidad. Desde CEAR, siguen exigiendo una investigación "independiente e imparcial" sobre hechos que, considera, podrían constituir "graves vulneraciones" de los derechos humanos "que no deben quedar impunes". A su juicio, es necesario esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
Cambio de ruta hacia Ceuta: 1.114 inmigrantes por vía terrestre y 124 por mar
En 2022, entraron en Ceuta 1.114 inmigrantes por vía terrestre y 124 por vía marítima, en comparación con las 753 y las 404, respectivamente, del año anterior.
Si bien han continuado las entradas de personas migrantes en Ceuta desde las grandes llegadas de mayo del 2021, a partir de los hechos del 24 de junio en Melilla CEAR ha podido observar un "aumento de llegadas más pronunciado de personas migrantes que inicialmente lo han intentado por esa ciudad. De esta manera, se constata que el refuerzo del control fronterizo por parte de las autoridades
de Marruecos en Melilla ha propiciado un cambio en la ruta migratoria hacia Ceuta".
Los testimonios recogidos por CEAR de las personas que consiguieron entrar ese 24 de junio o posteriormente por Ceuta "confirman lo narrado sobre lo ocurrido en Melilla", indica. "Los hechos que por ahora son conocidos son susceptibles de constituir graves vulneraciones del derecho a la vida y a la integridad física, del acceso al derecho de asilo, de la prohibición de tortura y malos tratos, de la prohibición de expulsiones colectivas y una omisión del deber de socorro", ha enumerado CEAR.
En el caso de Ceuta, las principales nacionalidades de las llegadas fueron también principalmente subsaharianas en cuanto a ingresos por la frontera terrestre (Guinea, Camerún, Mali) y
Yemen,
Siria y Palestina en el caso de las personas llegadas por vía marítima.
En esta línea, CEAR destaca que en el año 2022 "nueve personas fallecieron en su intento de llegar a las costas de Ceuta".
Ceuta-Algeciras: marroquíes en toy, kayaks, polizones en camiones o en bodegas de los ferris
En la ruta Ceuta-Algeciras, además de las embarcaciones toy o kayaks, CEAR ha detectado un incremento del número de personas que llegaron a nado o a través de puerto (
como polizones). En este sentido, añade que ha aumentado "considerablemente" el número de personas que llegan por puerto, escondidas en los bajos de camiones o en las bodegas de grandes ferris que realizan esta ruta. Estas personas son, en su mayoría, de nacionalidad marroquí. Se mantiene la ruta Tánger/Ksar Sguir-Tarifa/Algeciras en 2022, donde las personas han continuado utilizando pequeñas embarcaciones para emprender el cruce, pero también se ha observado que se consolidan medios cada vez más pequeños e inseguros como las tablas de surf, ruedas, garrafas de agua, boyas, etcétera, según la información que maneja CEAR. Además, se ha detectado un aumento de personas que llegan a territorio español escondidas en los bajos de grandes buques o ferris.
La Fachada Norte Atlántico/Conil-Véjer-Algeciras, con salidas desde El Jdida, Casablanca, Mohammedia, Rabat, Kenitra, Larache y Agadir se realiza mayoritariamente en embarcaciones más grandes, como neumáticas de entre cinco y ocho metros (que llevan entre 15 y 30 personas a bordo) y cayucos grandes con más de 50 personas. El trayecto realizado con salida desde la costa de Agadir se lleva a cabo en embarcaciones más pequeñas, tipo kayak o zódiac, con capacidad de dos a cinco personas.
Formalización de 1.080 solicitudes de protección internacional en 2022
En Ceuta, se formalizaron 1 080 solicitudes de protección internacional, todas ellas por el procedimiento de territorio, de las que 951 han sido realizadas por hombres y 103 por mujeres. Han pedido asilo 34 menores —17 niños y 17 niñas—, de los cuales 30 estaban acompañados y cuatro no tenían referentes familiares.
CETI: la ocupación más alta de 422 residentes con una capacidad de 512 plazas
Respecto al CETI de Ceuta, con una capacidad oficial de 512 plazas, se dieron de alta en el 2022 un total de 1 153 personas. La ocupación máxima se dio en octubre, con una media de 422 residentes, y la mínima en marzo, con una media de 289 residentes188. Por nacionalidades, mayoritariamente han sido personas provenientes de Guinea Conakry (40 por ciento), seguida de Sudán (23 por ciento) y Yemen (14 por ciento).
El tiempo de estancia en el CETI antes del traslado varió mucho en Melilla, aunque el criterio general tanto en Ceuta como en Melilla respecto al traslado de las personas solicitantes de protección internacional fue que la persona residente hubiera formalizado la solicitud de asilo y la tuviera admitida a trámite, además de haber realizado todas las pruebas médicas de forma satisfactoria. En cuanto a las personas migrantes no so- licitantes de protección internacional, estas han estado en el CETI de Ceuta un tiempo estimado de seis meses antes de su traslado, por criterio de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, estima CEAR. Al igual que en el año anterior, los CETI tanto de Ceuta como de Melilla no han admitido en este año el acceso de personas de nacionalidad marroquí, aún cuando estas fueran recién llegadas y/o solicitantes de asilo. Todo ello a pesar del recordatorio de deber legal efectuado por el Defensor del Pueblo en junio de 2022.
Albergue del Tarajal y la familia que llegó con sus mascotas
En el CETI de Ceuta, a pesar del criterio de no acceso, sí se acogió a un total de 64 marroquíes, 13 de ellos menores. Cabe destacar un grupo de 24 marroquíes
provenientes del albergue de las naves del Tarajal que, tras su cierre, accedieron al CETI el 22 de abril, así como menores extutelados de la ciudad autónoma. Asimismo, se acogió a una familia compuesta por padre y madre con sus seis hijos (tres de ellos menores), quienes llegaron el 23 de septiembre
desde su ciudad natal en Marruecos en una embarcación junto a varias mascotas.
Los venezolanos y el colombiano que accedieron al CETI
Se dieron otras situaciones como la de
cuatro nacionales de Venezuela, dos mujeres y dos hombres, y otro hombre de nacionalidad colombiana, que accedieron al CETI de Ceuta el 17 de julio de 2022. Llegaron a Ceuta para formalizar su solicitud de protección internacional, ya que, debido a la problemática con las citas para dicho trámite en la península, les resultó imposible acceder al procedimiento en su ciudad española de residencia. Aunque tenían la intención de regresar tras la realización de la entrevista en Ceuta, al no contar con el documento que acredita admisión a trámite de la solicitud se encontraron atrapados con la prohibición de salida en el puerto.
El giro de España sobre el Sáhara y el incremento de la vigilancia en puntos como Tánger
El marzo de 2022, tras el cambio de postura del Gobierno español, apoyando a Marruecos con respecto al Sáhara Occidental, se reanudaron las relaciones de "vecindad" y cooperación en materia migratoria entre España y Marruecos. Pero también, CEAR relaciona este "guiño" político a Marruecos con otras medidas "decisivas" para los derechos de los inmigrantes, como el "incremento" del ingreso de las personas de origen marroquí a los Centros de Internamiento de Extranjeros. Durante el año 2022 y especialmente a partir de marzo, CEAR tiene constancia del "aumento" del control de fronteras ejercido por Marruecos y el "incremento" de vigilancia sobre la población migrante en lugares clave de las rutas migratorias como Nador, Tánger y el Sáhara Occidental.
Avance en 2022: sistema de reparto ante contingencias migratorias
CEAR destaca los siguientes avances en 2022 en relación a Ceuta y
Melilla. Por un lado, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia -órgano formado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 junto con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas- a finales de septiembre de 2022, se aprobó el Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada. En su seno se ha adoptado un Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023, cuya activación está prevista para situaciones de sobreocupación por encima del 50 por ciento de las plazas ordinarias de acogida disponibles para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Para el año 2022, se propuso activar
el sistema de reparto del Plan de Respuesta con un número de 400 traslados (340 de Canarias y 60 de Ceuta) y de 374 para 2023 (342 de Canarias y 32 de Ceuta). A fecha de enero 2023, desde Canarias han sido trasladados a otras comunidades autónomas alrededor de 224 niños y niñas no acompañados, "incumpliéndose las cuotas propuestas", advierte CEAR.
Por otro lado, cabe destacar el impacto de la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, llevada a cabo en octubre de 2021, relativa al régimen jurídico de las personas extranjeras menores no acompañadas y a las personas extuteladas entre 18 y 23 años, para favorecer su integración y evitar la irregularidad sobrevenida al cumplir la mayoría de edad.
La denuncia sobre la expulsión de menores que "ha dado sus frutos"
En el informe anual de CEAR para el año 2022 se mencionó el
gran número de menores que llegaron a Ceuta durante los días 17 y 18 de mayo de 2021, haciéndose referencia, por la relevancia de lo ocurrido, a la expulsión que se realizó de un grupo de 55 menores los días 13, 14 y 15 de agosto de 2021. Al respecto, la denuncia contra esas devoluciones, señala CEAR, ha dado "su fruto": al cierre del año 2022, la Fiscalía de Ceuta pedía
12 años de inhabilitación para la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta de la ciudad autónoma por considerar que las devoluciones se habían realizado "sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran, cometiendo con ello un delito continuado de prevaricación administrativa al ejecutar la expulsión de menores de edad a sabiendas de no estar cumpliendo con la legislación".