Caso Obimasa: proponen el cese de Fernando Ramos para cortar la polémica

El consejero de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Obimasa, Alejandro Ramírez, ha convocado para este martes 28 de julio el Consejo de Administración de esta sociedad municipal con dos puntos en el orden del día. El más relevante, la propuesta de cese del gerente, Fernando Ramos para cortar la polémica.

Esa será la cabeza política con la que el Ayuntamiento quiere frenar la polémica del caso Obimasa. En el orden del día, además de la petición de cese de Ramos, se incluye dar cuenta de todo lo actuado en torno a la cobertura de las 3 plazas en esta sociedad municipal.

Así, se propondrá al Consejo la la nulidad de todo el procedimiento seguido para la convocatoria de la cobertura de tres plazas de experto en medio forestal y creación de Bolsa de Trabajo para Obimasa mediante el sistema de concurso-oposición, desde el momento anterior de aprobación de las Bases reguladoras de la convocatoria.

Lo más llamativo es el fundamento que sostiene la petición de cese de Ramos.

¿Por qué se propone el cese de Fernando Ramos en Obimasa?

En el orden del día se indica textualmente que “conforme a los estatutos sociales de Obimasa” corresponde al Consejo de Administración el nombramiento del gerente y la designación del personal de superior categoría.

¿Y qué es lo que dice la Ciudad respecto de Ramos para dar este paso? Evita relacionarlo con la polémica de las plazas.

“Con la finalidad de dar un nuevo impulso a las actividades desarrolladas desde la sociedad y hacer frente a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos”, se propone “el cese de Fernando Ramos como gerente, agradeciéndole los servicios prestados”.

Además, se propone facultar al secretario y al presidente del Consejo con las más amplias facultades para la formalización del acuerdo.

El caso Obimasa

Sobre la convocatoria de las plazas en Obimasa, la Ciudad indica que tras la publicación de los resultados del examen tipo test “se observa que tres aspirantes han obtenido 60 aciertos sobre 60 preguntas y que los tres aspirantes guardan, presuntamente, relación con miembros de la plantilla de la sociedad, coincidencias ambas que resultan prácticamente imposibles desde el punto de vista de la probabilidad”.

“Ante la gravedad de las dudas expuestas, con fecha de 23 de junio y en mi calidad de presidente del Consejo de Administración de la sociedad anuncio la paralización del proceso hasta que se aclaren las dudas”, expone Ramírez en la justificación de este punto.

“Con fecha de 7 de Julio se remite la información solicitada a todos los grupos políticos mediante correo electrónico remitido desde la Gerencia de la sociedad que incluye un informe sobre el proceso que firman todos los miembros del Tribunal”.

“En dicho informe se indica que, del análisis efectuado se desprende incidencias relacionadas con dos aspectos esenciales del procedimiento: la insuficiente garantía del anonimato de los ejercicios y la imposibilidad de acreditar de forma indubitada una cadena de custodia del examen que excluya duda sobre su integridad”.

La petición del tribunal

“Aunque como dicho informe recoge las circunstancias expuestas entendemos que no constituyen por sí mismas prueba de la existencia de actuaciones irregulares si que también consideramos que todo lo expuesto impide afirmar que el proceso se ha realizado con todas las garantías exigibles en un proceso de acceso al empleo público”.

El tribunal pide que sea el Consejo de Administración de Obimasa el que adopte la decisión, habiéndose pedido un informe jurídico a personas externas a la empresa y a la propia Ciudad que analiza todo el proceso y que presenta las distintas alternativas legales para resolver la situación con todas las garantías.

“Por todo ello a instancias del propio tribunal y en aras de la trasparencia, de despejar cualquier duda que pudiera existir en torno al proceso y dado que el único interés de esta presidencia y de la gerencia de la sociedad es y ha sido siempre garantizar la trasparencia y la igualdad se propone la nulidad del procedimiento”.