El ‘caso Emvicesa’ se ha convertido en la mayor causa seguida en los juzgados de la ciudad. Bajo la dirección de la magistrada Raquel Lucini, se ha ordenado una prórroga del secreto de sumario para proteger una investigación que avanza paso a paso con el firme objetivo de llegar hasta el final de las presuntas irregularidades en los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial. El trabajo, lento, augura una fase posterior compleja, muy compleja, ya que una vez se levante el secreto de sumario todas las partes tendrán que conocer el contenido de los tomos y tomos que se van acumulando en el juzgado, en donde funcionarios bajo el criterio de la magistrada Lucini trabajan bajo el firme propósito de llegar hasta el final.
Según los datos facilitados por el TSJA a El Faro, la causa suma ya entre 30 y 40 investigados. En ninguno de los casos se ha dictado sobreseimiento o archivo, así que todos los que han desfilado con mayor o menor protagonismo mediático por el despacho de su señoría continúan en esta calidad. Los que fueron llamados a declarar (políticos en activo y no, agentes de fuerzas de seguridad, funcionarios, trabajadores de distintos ámbitos…) como parte de estas diligencias judicializadas en el juzgado de instrucción número 3 siguen figurando en la misma sin que conste ningún archivo.
Solo hay entre dos y tres personas para las que no se ha considerado la imposición de medidas cautelares, ya que todos los demás sí que tienen que cumplirlas, bien acudiendo a firmar los días estipulados de cada mes al juzgado o habiendo, en algunos casos, entregado una fianza para evitar la prisión. El hecho de que en unos casos muy concretos no hayan sido adoptadas no erradica su consideración de investigado en la causa.
Media docena de detenidos, entre ellos el considerado cabeza de esta pirámide de supuestas irregularidades: el exviceconsejero y exgerente de Emvicesa, Antonio López, y los señalados como conseguidores y colaboradores necesarios en torno al presunto entramado de de adjudicación de viviendas de distintas promociones, están en prisión, mantenidos en esta condición mientras avanza la investigación judicial.
Los delitos que se investigan son desde el cohecho hasta la falsedad documental y la malversación además de integración en organización criminal, y se corresponden de distinta forma según cada persona (en muchos casos ni siquiera se ha concretado el tipo de delito con el que se le relaciona a los investigados). ¿Habrá más detenciones? La investigación no ha terminado, así que los funcionarios de la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía pueden seguir ejerciendo de policía judicial cuando su señoría lo requiera para la práctica de más arrestos o registros. Cuando el secreto de sumario por fin se levante, quizá el número sea mayor, todo dependerá de las nuevas vías de indagación que van apareciendo en este causa, que constituye todo un “encaje de bolillos” para los profesionales del ámbito judicial que están trabajando en ello.
Será entonces cuando se podrá hablar de procesados, se podrá conocer qué acusaciones existen y se podrá empezar a ejercer el derecho de defensa que solicita ya cada letrado.
Hay quienes equiparan el ‘caso Emvicesa’ con los mediáticos procesos judiciales de los ERE en Andalucía. Cómo termine este proceso nadie acierta a apuntar, pero sí que es catalogado ya como el caso más complejo de los que hasta ahora han pasado por el ámbito judicial en un Palacio de Justicia sin medios, con pocos funcionarios, con multitud de problemas de infraestructuras y con fallos informáticos y de sistema en cadena que convierten el trabajo ya de por sí complicado en una auténtica odisea.
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