El Ministerio de Transición Digital y Reforma de la Administración de Marruecos ha confirmado que este domingo 22 de marzo se retomará la adopción del horario adicional “Greenwich +1”. Este ajuste implica que, cuando el reloj marque las dos de la madrugada, la hora oficial deberá adelantarse sesenta minutos.
Esta decisión no es aleatoria, sino que responde a la planificación de las medidas organizativas vigentes en el país.
El objetivo principal de este movimiento es volver al horario nacional estándar tras el periodo de excepción aplicado durante el mes de Ramadán, mes en el que se mantuvo el horario legal de Greenwich para facilitar la conciliación de las actividades religiosas y sociales.
La implementación de esta medida está estrictamente regulada por el marco jurídico nacional. Según el comunicado oficial emitido por las autoridades, la decisión se ejecuta en cumplimiento directo del decreto del jefe de Gobierno n.º 3.06.26.
Dicho decreto fue emitido originalmente el 9 de Shaabán de 1447, fecha que corresponde al 29 de enero de 2026 en el calendario gregoriano. Este documento legal es el que establece las pautas para el retorno temporal al horario legal de Marruecos, asegurando que la transición se realice de manera coordinada en toda la administración y el territorio nacional.
A pesar de la oficialidad de la medida, el descontento social ha ido en aumento. La campaña nacional a favor del retorno al horario legal ha reportado una respuesta masiva por parte de la población. Actualmente, una petición electrónica que exige la eliminación definitiva del horario adicional ya ha superado las 75.804 firmas.
Los portavoces de esta movilización argumentan que el cambio de hora no es una medida inocua. Se ha subrayado con especial énfasis que el regreso al horario Greenwich +1 podría intensificar los efectos negativos en la salud de la población.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la alteración del equilibrio psicológico y social de las familias, factores que los defensores del horario legal consideran prioritarios frente a las razones organizativas del Gobierno.
La campaña ciudadana no planea detenerse únicamente en la recogida de firmas digitales. Se ha anunciado la intención de elevar la protesta a un nivel institucional mediante la adopción de nuevas medidas legales en el corto plazo. Entre estas acciones destaca la preparación de una petición oficial que se ajuste estrictamente a las disposiciones legales vigentes sobre propuestas ciudadanas.
Además, se prevé el envío de una comunicación formal al Consejo Económico, Social y Medioambiental. El propósito de este contacto es solicitar una evaluación global y objetiva sobre los impactos reales que el horario adicional tiene en la economía y el bienestar de los ciudadanos.
Finalmente, la campaña ha planteado estrategias de presión política, como promover el “voto condicionado” en futuros procesos electorales, con el fin de que las entidades políticas se comprometan formalmente a defender el retorno definitivo al horario legal.
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