Luces y sombras de la gestión migratoria en 2025. En el texto firmado por Laura López para la Agencia de Noticias EFE, se hace referencia a un año consolidado como un periodo histórico en la gestión de la inmigración infantil y adolescente en España, con especial incidencia en Ceuta, marcado por la publicación en el BOE de nuevas soluciones legales que, sin embargo, han desatado un intenso conflicto político entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Se habla de un escenario que ha estado dominado por un endurecimiento de los discursos de partidos como el PP y Vox, convirtiendo la acogida en un eje central del debate público.
Se hace hincapié en que el hito normativo más relevante ocurrió el 18 de marzo, cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley para modificar la Ley de Extranjería, estableciendo por primera vez un sistema de reparto obligatorio de menores migrantes entre todos los territorios.
Clima de tensión
En la reseña se recuerda que el objetivo primordial era descongestionar las zonas con mayor presión, especialmente Canarias, que al inicio del año tutelaba a más de 5.500 niños. No obstante, esta medida enfrentó una oposición frontal de la mayoría de las autonomías, principalmente las gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, alegando falta de financiación y una supuesta imposición unilateral.
Se recuerda que la tensión escaló hasta el punto de que once comunidades recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional. No obstante, pese a los intentos de bloqueo, el mecanismo comenzó a operar en agosto, logrando el traslado de más de 300 jóvenes desde Ceuta, Canarias y Melilla hacia otros puntos de la península.
Un punto que se destaca es que la intervención judicial ha sido determinante para definir las responsabilidades del Estado. En este sentido, se hace referencia a que el Tribunal Supremo emitió un mandato claro al Gobierno para que asumiera con recursos propios la atención de los menores solicitantes de asilo, una medida que inicialmente afectaba a los llegados a Canarias y que posteriormente se extendió a la Comunidad de Madrid.
Este requerimiento judicial permitió que cerca de 700 niños y adolescentes, procedentes en su mayoría de conflictos armados en Mali, recibieran la protección adecuada tras varios avisos del alto tribunal al Ejecutivo. En Madrid, la situación generó fricciones adicionales debido al intento de cierre del centro de refugiados en Pozuelo de Alarcón por parte del ayuntamiento local.
Tendencias de las llegadas irregulares
De acuerdo con lo indicado en este balance, a nivel estadístico, las llegadas irregulares han experimentado un descenso general del 40,4%, destacando especialmente la caída del 60% en la ruta canaria, donde accedieron 17.555 personas. Esta reducción de la presión, sumada a los traslados obligatorios, ha permitido que los centros de las islas comiencen a vaciarse ligeramente, aunque permanecen en niveles de saturación.
Por el contrario, se traslada que otras rutas han mostrado una tendencia ascendente como en el caso de las Islas Baleares, así como Ceuta y Melilla.
En lo que respecta al clima social, se indica que este se ha visto enturbiado por una radicalización de los discursos de odio en plataformas digitales, que ha trascendido a la violencia física. Un ejemplo crítico fueron los disturbios racistas en Torre Pacheco (Murcia) durante el mes de julio, donde grupos de extrema derecha organizaron ataques contra migrantes tras un incidente vecinal.
De cara a 2026, el balance arroja un panorama migratorio que enfrentará nuevos retos, como la aprobación del Plan de Convivencia e Integración Intercultural y la implementación definitiva del Pacto Europeo de Migración y Asilo, reformas que generan incertidumbre entre las organizaciones sociales, que temen un posible retroceso en los derechos fundamentales de los inmigrantes.
