El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un marroquí, natural de Tetuán, a un año de cárcel por un delito de estafa que ha reconocido ante el máximo órgano judicial en nuestra ciudad.
Ese año de prisión queda sustituido por expulsión del territorio nacional por un periodo de 5 años. Además, se le ha impuesto una multa de 6 meses a razón de 5 euros diarios, así como el pago de 616 euros que fue el perjuicio causado por la estafa.
El ahora condenado se encuentra en Marruecos y se conformó con esa resolución judicial que ya es firme a través de videoconferencia.
El acusado, identificado como Y.J., había nacido en el año 2005, pero, al llegar a Ceuta, tiró de picaresca para ocultar su carné de conducir de Marruecos, manifestando a los policías y al fiscal responsable del área de Menores que había nacido en 2007 para ser declarado menor y disfrutar de las prestaciones y ayudas económicas.
De esta manera, indujo a error y provocó que se incoara un expediente de determinación de edad, acordándose por decreto que se hicieran pruebas radiológicas y posterior examen forense.
El joven fue puesto a disposición del área de Menores, al objeto de que le dotaran de las medidas de protección y asistencia previstas en la legislación española para quienes no han alcanzado la mayoría de edad.
Así, fue derivado a un recurso de protección para disfrutar de ayudas que no le correspondían.
Una vez teniendo la documentación que acreditaba su mayoría de edad siguió residiendo en el centro y disfrutando de prestaciones hasta que se descubrió esa estafa al sistema.
El ahora condenado estuvo desde el 28 de junio al 5 de julio de 2024 en un centro de menores provocando un gasto a la administración de 616 euros.
El falso menor ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Audiencia, aceptando la pena impuesta por estafa, que queda sustituida por el cumplimiento de esa expulsión del territorio nacional.
Dicha pena evidencia que hay quienes se aprovechan del sistema, provocando perjuicios no solo a las instituciones por hacer un uso perverso de las ayudas existentes, sino también a otros menores de edad.
Esta sentencia se dicta además en un periodo de sobreocupación de los centros de menores, ya que Ceuta sufre una presión notable de menores extranjeros no acompañados, lo que le ha llevado a tener que habilitar recursos para poder atender a todos.
Así, al centro de La Esperanza vienen a sumarse otros como las naves del Tarajal o los recursos establecidos en Piniers.
Que alguien se aproveche de esos recursos supone una estafa a la administración, como ha sucedido en este caso, pero además lastra la atención que se debe ofrecer a otros niños que realmente sí necesitan de esos recursos económicos y asistenciales.
Se da, por tanto, un uso perverso de las disposiciones de las que puede echar mano la administración pública.
No es el primer caso sancionada por la justicia de Ceuta, que se nutre de las inspecciones y controles que llevan a cabo los profesionales para detectar esas trampas y engaños.
A la comisión de la estafa se suma la gravedad de tener a adultos conviviendo en centros de menores porque han conseguido burlar los controles establecidos hasta que finalmente se conoce la verdad.
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