Vox ha pedido en el pleno celebrado este viernes que se realicen unas pruebas más exhaustivas para determinar la edad de adultos y menores inmigrantes que llegan a nuestra ciudad. Una demanda que ha sido rechazada por el resto de grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Ceuta.
Patxi Ruiz ha sido el encargado de presentar esta propuesta argumentando que “la inmigración constituye el primer problema en España en el 34% de los encuestados por el CIS”.
“Algo que tiene lógica” para el partido porque, tal y como ha expuesto Ruiz, “desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre han entrado 38.000 inmigrantes ilegales, un aumento de casi el 50% respecto al 2023 y de casi el 90% respecto al 2022”.
Ante esta cifra que consideran masiva, han exigido que “una vez se produce la entrada en suelo español, es importante la realización de pruebas de determinación de edad para poder efectuar las repatriaciones”.
Según ha expuesto en su intervención, las pruebas de edad que se realizan actualmente “son poco precisas”. Tanto es así que “en Aragón más del 92% de los considerados menas, fueron declarados mayores de edad. Esto es un hecho insólito”.
Vox considera que “esta situación podría estar dándose en la ciudad” por lo que han instado al Gobierno local “a realizar a todos los inmigrante supuestamente menores pruebas periciales exhaustivas para determinar su edad y evitar el fraude”.
Al término de esta exposición, Sebastián Guerrero, del Psoe, ha recordado que “detrás de cada cifra que menciona hay personas que lo han dejado todo atrás porque su tierra no le da garantías”. Además, ha añadido que “decir que la inmigración es el principal problema es falso” y “aumenta el ocio y el racismo en nuestra sociedad”.
Para Guerrero, “proponer pruebas medicas exhaustivas como si fueran criminales que intentan engañarnos, es cruel”, agregando que “no son estos menores quienes han desbordado los servicios de Ceuta y culpar a los que menos tienen y no pueden defenderse es un reflejo de su cobardía”.
El partido socialista ha mostrado su rechazo a esta propuesta al considerarla “racista, deshumanizadora y porque como seres humanos estamos en la obligación de hacerlo mejor”.
Seguidamente, ha tomado la palabra Fatima Hamed lamentando que “usted se afana en criminalizar a las personas migrantes y en este caso a los menores” y le ha recordado que “en muchos casos los mayores de edad son los primeros en aportar su documentación porque no quieren estar en centro de menores”.
Para el MDyC, esta propuesta “se reduce a la senda racista de la ultraderecha cuya tendencia es señalar al más vulnerable y atacarle”, mostrando así su voto en contra a la misma.
Por su parte, Mohamed Mustafa, de Ceuta Ya!, únicamente ha expresado que “esto es lo que se merece su propuesta racista” mientras rajaba las hojas donde se presentaba la misma.
En último lugar, el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha señalado que “esto es un clásico en los debates, aunque ahora en una vertiente nueva. El problema es que ustedes plantean las cuestiones desde el desconocimiento de los problemas y lo utilizan para sacar un rédito político. Plantean un aspecto que está absolutamente regulado y en el que participan múltiples administraciones”.
Por tanto, “es imposible a instar a un gobierno autonómico a que realice las pruebas de determinación de la edad e instar a que cree un protocolo que ya existe nivel nacional” en defensa del menor, ha puesto en valor Gaitán.
De este modo, “es imposible poder secundar la propuesta. No entra en la legalidad”. Asimismo, ha invitado a Redondo “a que converse en con Verdejo, que reconoce la aplicación de las normas por el área de menores”.
Patxi Ruiz ha vuelto a tomar la palabra para replicar que lo único que están pidiendo es que se realicen “pruebas más eficaces” que la oxeométrica.
Una vez finalizadas todas las intervenciones, la votación ha concluido con cuatro votos a favor y 16 en contra.
Vaya pantomima. Que propuesta más tonta, en la Asamblea y queriendo saltarse la legalidad vigente. Si sale adelante esa propuesta creo que el Fiscal debería ponerse en la puerta de la Asamblea a citar a los que la aprueben para tomarles declaración.