Todos los ascensores del Ceuta Center estropeados: un insulto a los ciudadanos

Ceuta, la ciudad de la accesibilidad. Hace una semana se celebraban a bombo y platillo unas jornadas específicas sobre ello. Las terceras. Pero en la práctica siguen produciéndose despropósitos sin que a nadie parezca importarle. Este miércoles el Juzgado de lo Penal número 2 ha tenido que suspender un juicio, una causa con preso, ante la imposibilidad de que una de las partes personadas pudiera acceder a la planta judicial al sufrir de movilidad reducida y estar todos los ascensores estropeados. Es la cuarta vez que se produce en solo unos meses. Pero a nadie parece importarle una situación que se convierte en una oda a la poca vergüenza.

Para más inri, la propia abogada que ha visto imposibilitado acceder al Penal ya que hubiera necesitado de ayuda externa para subir dos plantas con el riesgo de caídas en el que podría haberse incurrido, es la misma que hace unos meses elevó una queja a la Ciudad Autónoma por lo sucedido. Fue en julio y le contestaron desde la Ciudad Autónoma que se iba a invertir una partida para arreglar los elevadores. Debían estar funcionando a la perfección ya que la adjudicación fue a principios de octubre. Pero todo lo contrario, lo que sucede es un insulto a los ciudadanos, una burla al sistema judicial y a los servicios públicos ofrecidos en este edificio.

Este miércoles, además de ordenarse la suspensión de un juicio, se han visto escenas de personas mayores que no podían subir con garantías alguna de las dos plantas o madres con sus bebés en carros que tenían que pedir ayuda o quedaban sentadas en las escaleras. El único ascensor que funcionaba estaba en la planta baja, con las puertas abiertas y haciendo amagos de abrirse y cerrarse.

El TSJA, la Ciudad Autónoma, la Gerencia Territorial de Justicia… todos están informados de este despropósito continuado, pero nadie ejecuta una orden con la urgencia debida como para provocar medidas tan sangrantes y radicales como que se tenga que suspender una vista judicial o impedir al ciudadano a desarrollar sus funciones.