Horas antes de producirse la segunda de las detenciones el juez titular del juzgado número 1 había escuchado a cada uno de los cuarenta subsaharianos que fueron interceptados en el primero de los desalojos, llevado a cabo el pasado miércoles. A todos ellos les aplicó una falta de desobediencia por lo que se les comunicó que tenían que acudir en una fecha concreta para ser sometidos a un juicio de faltas.
Esa fue la determinación judicial a excepción de dos de los subsaharianos detenidos sobre los que la Policía había formulado una acusación más grave. En uno de los casos se dictó condena por un delito de atentado contra agente de la autoridad, estimado en un año de prisión que no deberá cumplir al carecer de antecedentes pero que ya le marca ante la comisión de otro nuevo delito; y en otro lo fue por resistencia al agente, estimado en seis meses de cárcel, que tampoco deberá cumplir al no tener antecedentes pero sí son acumulativos.
La determinado del juez se basa en el informe elaborado por la Policía Nacional a raíz de la resolución administrativa firmada por el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, el pasado lunes con la que pretende poner límites a las manifestaciones organizadas por los subsaharianos desde el pasado 26 de agosto.