La forma en la que las empresas de España, y también de Ceuta, informan sobre los salarios podría cambiar de manera significativa en los próximos meses.
La futura Ley de Transparencia Salarial, impulsada para adaptar la legislación española a una directiva europea, busca acabar con la opacidad en materia retributiva y reforzar la igualdad entre trabajadores.
Aunque la normativa debía estar lista este mes de junio, España no ha llegado a tiempo para completar la transposición de la directiva europea. Aun así, el Gobierno mantiene este proyecto entre sus prioridades legislativas y ya ha iniciado los trámites para acelerar su aprobación.
Para miles de trabajadores, la principal duda es qué ocurrirá cuando la ley entre en vigor y si realmente podrán conocer cuánto cobran sus compañeros de trabajo.
Más información sobre los salarios, pero con límites
El objetivo principal de la futura normativa es garantizar que las retribuciones dentro de las empresas sean objetivas, justificables y comparables, especialmente para combatir posibles desigualdades salariales.
La ley pretende que las compañías expliquen con mayor claridad cómo establecen los salarios y que puedan justificar cualquier diferencia retributiva existente entre empleados que desempeñen funciones equivalentes.
Sin embargo, una de las cuestiones que más interés despierta entre los trabajadores tiene una respuesta clara: no será posible conocer el sueldo exacto de un compañero con nombres y apellidos.
La futura regulación reforzará el derecho de los empleados a solicitar información sobre las retribuciones medias o medianas de puestos equivalentes, pero siempre respetando la normativa de protección de datos personales.
Es decir, un trabajador podrá conocer referencias salariales dentro de su empresa, pero no acceder directamente a la nómina individualizada de otro empleado.
España ya cuenta con medidas de control salarial
Aunque la nueva normativa europea todavía no ha sido incorporada a la legislación española, España ya dispone de herramientas destinadas a vigilar la igualdad retributiva.
Desde 2021 están en vigor medidas como los registros salariales obligatorios y las auditorías retributivas para determinadas empresas, instrumentos diseñados para detectar posibles diferencias salariales injustificadas y avanzar hacia una mayor igualdad.
No obstante, la futura transposición de la directiva europea incorporará novedades que actualmente no están plenamente desarrolladas, especialmente en materia de transparencia y acceso a la información salarial.
El fin del secreto salarial
Uno de los cambios más relevantes será la desaparición de determinadas cláusulas que impiden hablar sobre salarios dentro de las empresas.
Además, los sistemas retributivos deberán basarse en criterios objetivos y transparentes, algo que facilitará detectar posibles diferencias injustificadas.
La normativa también contempla medidas específicas para que las empresas informen sobre la existencia de brechas salariales y, en determinados casos, adopten acciones correctoras cuando se detecten desigualdades que no puedan justificarse.
Todo ello forma parte de una estrategia europea que busca aumentar la transparencia y reducir las diferencias salariales, especialmente entre hombres y mujeres.
Adiós al "salario según valía"
Uno de los aspectos que más impacto tendrá para quienes buscan empleo será la obligación de facilitar información sobre la remuneración asociada a un puesto antes de la contratación.
Las empresas deberán comunicar el nivel retributivo inicial o una horquilla salarial razonable vinculada al puesto ofertado, permitiendo que los candidatos conozcan con antelación las condiciones económicas del empleo.
La intención es acabar con fórmulas ambiguas como "salario según valía", "a negociar" o aquellas situaciones en las que el sueldo no se conocía hasta las últimas fases del proceso de selección.
Además, los empleadores no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobraban en sus trabajos anteriores, una medida orientada a evitar que posibles desigualdades salariales se trasladen de un empleo a otro.
Una normativa pendiente de llegar
Aunque la directiva europea ya ha entrado en vigor y los Estados miembros tenían como fecha límite este mes de junio para adaptarla a sus legislaciones nacionales, España todavía no ha culminado ese proceso.
No obstante, el retraso no es exclusivo de nuestro país. Varios Estados miembros de la Unión Europea continúan trabajando en la adaptación de sus normativas, mientras otros ya han aprobado o tienen muy avanzados sus proyectos de transparencia salarial.
Mientras se completa la tramitación, las empresas continúan operando bajo la normativa actual. Sin embargo, muchas organizaciones ya están revisando sus políticas retributivas y sus procedimientos internos para prepararse ante los futuros cambios.
La futura ley no permitirá saber cuánto cobra exactamente el compañero que se sienta al lado, pero sí supondrá un cambio importante en el acceso a la información salarial. El objetivo es que las retribuciones sean más comprensibles, más transparentes y más fáciles de justificar, reduciendo así las posibles desigualdades dentro del mercado laboral y ofreciendo a los trabajadores más herramientas para conocer cómo se determinan los salarios dentro de sus empresas.
