El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a las subidas salariales del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026, año en el que podría incrementarse otro 0,5 % en función de la evolución de la inflación, para los 3,5 millones de funcionarios. En Ceuta trabajan más de 10.000 personas cuyo salario depende de este sector.
Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, las subidas forman parte del acuerdo alcanzado por el Gobierno la semana pasada con los sindicatos y que contempla un incremento del 11% para todo el periodo 2025-2028.
Los incrementos de 2025 y 2026 se articulan en el decreto-ley aprobado este martes, que entrará en vigor nada más publicarse en el BOE pero que deberá convalidar el Congreso de los Diputados.
Según ha detallado Función Pública, en el sector público estatal, la subida del 2,5% correspondiente a 2025, incluyendo los atrasos desde el pasado 1 de enero, se hará efectiva en una nómina adicional este mes y afectará a 540.000 funcionarios.
El resto de las administraciones públicas tendrán que establecer el calendario de abono de los importes y atrasos a los funcionarios relativos al ejercicio 2025 en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de administración.
Dicho abono, han añadido, podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025, tal y como ha hecho el Gobierno para la Administración General del Estado (AGE).
El ejemplo de salario de los funcionarios
A modo de ejemplo, recoge la nota de Función Pública, para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.
Para 2026 a la subida del 1,5% se podría sumar otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 %.
A estas subidas, se sumaría un 4,5 % en 2027 y un 2 % para 2028.
"Es un buen acuerdo", ha defendido López que ha recordado que se suscribió con UGT y CSIF a la espera de si CCOO, que se reúne este martes, se adhiere finalmente.
"Espero que CCOO se una", ha apuntado el ministro que ha enfatizado que el acuerdo no supone solo garantizar el poder adquisitivo sino que buscar reforzar el sector público con otra serie de medidas como la revisión del complemento de residencia e insularidad para los funcionarios que trabajan en Canarias y Baleares.
CSIF enumera otros aspectos del acuerdo más allá de las retribuciones
Por su parte, el sindicato CSIF enumera otros aspectos del acuerdo más allá de las retribuciones a funcionarios.
La central indica que en un plazo máximo de 15 días se constituirá la comisión de seguimiento, un órgano que contará con representación paritaria de la Administración y de los sindicatos firmantes.
Su misión será supervisar la implantación de las medidas acordadas y coordinar la actividad de los distintos grupos de trabajo que la integrarán: igualdad, digitalización e inteligencia artificial, salud laboral y empleo público. Además, no se descarta la creación de nuevos grupos cuando se considere necesario.
Dentro de esta comisión, CSIF asumirá un papel activo para velar por el estricto cumplimiento y la correcta ejecución de todos los puntos recogidos.
El acuerdo incorpora una serie de aspectos clave que complementan las retribuciones ya mencionadas. Entre ellos, destaca la eliminación de la actual tasa de reposición, una medida destinada a reforzar las plantillas en los ámbitos más necesitados y a reducir la dependencia del personal temporal.
También se prevé acortar los plazos de los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público, con el objetivo de que su resolución definitiva no supere el año.
Asimismo, se amplían y mejoran tanto la promoción interna como la movilidad, y se adaptará la clasificación de los puestos de trabajo para ajustarla a las funciones reales que desempeñan los empleados, considerando la experiencia y los requisitos formativos exigidos. El acuerdo también contempla la puesta en marcha de procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna, con cursos selectivos y concursos de méritos abiertos y permanentes.
Revisión de los complementos de residencia e insularidad
A lo largo de 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad, así como las indemnizaciones por razón de servicio, con el fin de eliminar desigualdades entre empleados públicos. Junto a ello, se reforzarán las plantillas dedicadas a la atención al público, acompañando este refuerzo de una adecuación retributiva para estos puestos.
El documento incluye, además, la actualización de los permisos y la incorporación de mejoras en materia de conciliación. Se impulsarán también medidas destinadas a garantizar la igualdad y la no discriminación, así como la protección frente al acoso sexual, la prevención y la lucha contra la violencia de género. Unido a ello, se fortalecerá la salud laboral mediante iniciativas de apoyo psicológico y actuaciones orientadas a prevenir agresiones.
El acuerdo aborda igualmente la necesidad de actualizar las retribuciones del Personal Laboral del Exterior y contempla el análisis de mejoras relativas a la jubilación. Por último, se prevé reforzar la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), un aspecto clave para la atención y bienestar del personal público.
Está Sánchez que tira la casa por la ventana...ya lo pagaremos por otro lado.