Vox ha votado a favor de instar al Gobierno a elaborar el Plan Integral de Seguridad para las Ciudades de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde Ignacio Gil Lázaro ha advertido de que la permanente reivindicación de soberanía por parte de Marruecos sobre las dos ciudades españolas constituye “un factor evidente de amenaza”.
Aunque “no merece ninguna consideración jurídica o política por parte de España”, ha señalado el diputado nacional de Vox.
Como portavoz en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gil Lázaro ha denunciado que Rabat utiliza de forma reiterada “instrumentos de presión híbrida” que van desde las “avalanchas de inmigración ilegal” hasta “maniobras económicas hostiles como la manipulación de las aduanas” para ahogar la vida cotidiana en ambas plazas españolas.
“Marruecos permanentemente trata de ahogar la vida de ambas ciudades”, ha subrayado Gil Lázaro.
El diputado de Vox ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “complacencia y sumisión permanente ante Marruecos”, lo que —a su juicio— dificulta cualquier avance en materia de seguridad y desarrollo económico para Ceuta y Melilla. Como ejemplo, ha recordado que el Plan Integral de Seguridad sigue sin concluirse desde el año 2021, lo que evidencia “la absoluta falta de voluntad política del Ejecutivo”.
Un Plan Integral de Seguridad es una estrategia completa que reúne todas las medidas necesarias para prevenir, responder y gestionar riesgos que puedan afectar a personas, bienes, instalaciones o sistemas de información. Su objetivo es garantizar la protección en distintos escenarios, desde edificios públicos hasta eventos multitudinarios o ciudades enteras.
Este tipo de plan parte de un análisis de riesgos, donde se identifican amenazas (como robos, incendios, agresiones o ciberataques) y se evalúa la vulnerabilidad del entorno. A partir de ahí, se diseñan medidas preventivas (como vigilancia, control de accesos o formación), protocolos de actuación en emergencias (evacuaciones, primeros auxilios, coordinación con cuerpos de seguridad), y planes de continuidad para asegurar que la actividad pueda seguir tras un incidente.
También incluye la distribución de recursos humanos y técnicos, como personal de seguridad, cámaras o extintores, y establece mecanismos para su revisión y actualización periódica, mediante simulacros o auditorías.
Se le llama 'integral' porque no se limita a un solo tipo de seguridad, sino que abarca todas: física, digital, organizativa y humana, implicando a todos los actores necesarios. Es esencial para mantener entornos seguros y preparados frente a cualquier tipo de amenaza.
La Comisión Mixta de Seguridad Nacional es un órgano parlamentario de las Cortes Generales, integrado por senadores y diputados, que tiene como finalidad el seguimiento, control y debate de las políticas de seguridad nacional en España. Fue creada en virtud de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional y se constituyó por primera vez en 2016.
Su función principal es analizar la evolución de la Estrategia de Seguridad Nacional, así como exigir información al Gobierno, promover comparecencias y valorar las medidas adoptadas en cuestiones clave como terrorismo, ciberseguridad, desastres naturales, pandemias o protección de infraestructuras críticas.
Esta comisión permite a las cámaras ejercer un control político sobre la acción del Ejecutivo en materia de seguridad, reforzando la transparencia democrática. Sus miembros se reparten de acuerdo con la representación política existente en el Congreso y el Senado.
Puede además crear ponencias o grupos de trabajo especializados, como los dedicados al estudio de amenazas emergentes en el ámbito digital, la inteligencia artificial o la computación cuántica. En la actualidad, la presidencia de la comisión recae en una representante del Partido Popular. En definitiva, se trata de un espacio clave para el diálogo político y la supervisión institucional en cuestiones que afectan a la seguridad de todo el país.
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