No se trata de ninguna “revolución laboral”, como anuncia algún medio de comunicación. Ni sólo de que el despido será algo más “barato y fácil”, como da en su titular de primera página otro. Yo creo que es un auténtico “zarpazo” a los derechos de los trabajadores, un verdadero“golpe de estado laboral”, como dice otro medio. Es decir, que el ministro de economía acertó plenamente en lo de que la reforma laboral sería “extremadamente agresiva”, en toda la amplitud de su significado en nuestra lengua.
Efectivamente. Por lo que se ha conocido del texto publicado en el BOE, que entrará en vigor el próximo lunes, 13 de febrero, y a falta de un estudio más exhaustivo, parece que la cosa va en serio (¿alguien lo dudaba?) en lo de recortar derechos a los trabajadores. Lo más grave es que ningún especialista o comentarista espera que la medida sirva para generar empleo a corto plazo. Ya lo anunció el Presidente del Gobierno, en un claro intento de curarse en salud. Es más, algunos piensan, yo también, que la extremada facilidad para despedir, que se amplía, junto con lo atractivo del nuevo contrato planteado para jóvenes menores de 30 años, quizás causen un efecto sustitución importante, lo que incrementará el desempleo actual. En cualquier caso, de un plumazo se ha borrado de nuestro marco jurídico el esquema de relaciones laborales establecido con el Estatuto de los Trabajadores en la década de los 80.
Entre las cuestiones más graves de la reforma laboral aprobada, sin consenso y sin negociación con las fuerzas sociales, se encuentra la desaparición de la autorización administrativa previa en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). En la actualidad muchas empresas intentaban eludir esta obligación con trampas. Por ejemplo, despidiendo a trabajadores de forma individual, para así eludir el mínimo legal para someterse a dicha autorización. De esta manera no tenían que dar explicaciones de su situación, ni justificar que el plan serviría para mejorar la actividad. Con la reforma se permite que sea el empresario el que decida en caso de desacuerdo con los representantes de los trabajadores. Esto hace prever un aumento de la judicialización de las crisis empresariales.
Otro asunto importante y no menos grave, es la facilidad que van a tener las empresas para acceder al despido objetivo. Aunque ya desde 2010 se permitía que una “previsión” de pérdidas fuese causa objetiva de despido, o causas técnicas, organizativas y de producción, tan fáciles de argumentar por las empresas, con la actual regulación se acota aún más la situación para que el juez pueda tomar la decisión con mayor comodidad. Así, una caída de ventas o ingresos durante tres trimestres consecutivos, incluso aunque se tengan beneficios, podrá ser causa de despido con una indemnización de 20 días y 12 mensualidades de tope. Es decir, que los contables van a tener mucho trabajo para mostrar estas situaciones en muchos casos.
Muy importante va a ser la prevalencia de los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales. Es decir, a partir de este momento lo importante será lo que se pacte en las empresas y no el interés general, que es el que se trata de preservar con los convenios sectoriales. En definitiva, tanto los convenios sectoriales, como los nacionales. E incluso el mismo Estatuto de los Trabajadores intentan marcar unas líneas mínimas de actuación que garanticen unos derechos a todos los trabajadores. A partir de este momento va a ser más importante lo que se pacte a nivel de empresa. Es la antesala de la desregulación de las relaciones laborales. El camino hacia la privatización de la contratación laboral y su equiparación al contrato civil. En estas circunstancias, lo importante será lo que pacten empresario y trabajador, como si de iguales se tratara, cuando todos sabemos que el poder del empresario es superior al del trabajador. Esto es lo que intentaba proteger el derecho laboral europeo que, poco a poco, se pretende reducir a una mera presencia testimonial. Es curioso que nuestra derecha democrática, tan liberal ella, reclame normas nacionales y más “España” frente a las Comunidades Autónomas, mientras que en el ámbito laboral buscan la eliminación de las normas generales y nacionales para dar primacía a las desiguales relaciones particulares entre empresario y trabajador.
Por último, también han conseguido eliminar la indemnización por despido de 45 días por año, para sustituirla por una de 33, aunque con un tope de 24 mensualidades en lugar de los 42 actuales. Era una vieja reivindicación de la patronal española, que hace tiempo pretende quitarse de sus plantillas a los trabajadores más antiguos, pero a bajo coste. Si tenemos en cuenta que a partir del lunes todos los despidos serán con esas condiciones, es fácil deducir que, aunque hasta mañana se computará la indemnización de 45 días, conforme pase el tiempo, cada vez se irá reduciendo más dicha indemnización, al computarse una menor a partir del lunes.
Hay otras cuestiones, como la supresión antes de lo previsto de las trabas que originaba el encadenamiento de contratos, o la liberalización de las horas extras para fomentar la contratación temporal, o el descuelgue de convenios por situaciones de dificultad, que originará una mayor precariedad a los trabajadores. Pero de esto ya hablaremos más adelante.
Algunos economistas hablan de los despidos como una “destrucción creadora” que libera recursos que pasan a destinarse a actividades más rentables. De ahí deducen un incremento a medio y largo plazo del bienestar general, al incrementarse la productividad. Sin embargo, la realidad y sus datos son tozudos y, frente a ese supuesto incremento del bienestar general, lo que en realidad está ocurriendo en el mundo desarrollado es un crecimiento de la desigualdad a pasos agigantados. También un retroceso general de los derechos laborales y sociales conseguidos, y una equiparación cada vez mayor a la precaria situación de miles de trabajadores de países en vías de desarrollo. Es decir, que al contrario de lo que se pretendía, la globalización está ocasionando mayores desigualdades como consecuencia de una injusta distribución de la riqueza.
Resignarse a lo que está ocurriendo, como consecuencia de la crisis económica que no hemos provocado creo que no es la mejor solución.
