La ONG Karibu, especializada en la atención a inmigrantes subsaharianos, ha denunciado que la Policía cita en Comisaría a ciudadanos senegaleses y nigerianos coincidiendo con el flete de vuelos colectivos para expulsarlos a sus países de origen, que no son una práctica puntual.
Así se refleja en el informe Subsaharianos en el CIE de Aluche referido a 2013, elaborado por la ONG tras visitar a 303 internos en ese centro procedentes de más de treinta países de África y en su amplia mayoría procedentes de traslados de Ceuta y Melilla.
El informe revela que los ciudadanos de Mali han sufrido menos expulsiones por el conflicto armado que hay en aquel país, pero los procedentes de Senegal y Nigeria “se han llevado la peor parte, con expulsiones colectivas a través de vuelos específicamente destinados a ellos, en virtud de los acuerdos firmados entre España y dichos países y con la colaboración, un tanto opaca, de los consulados respectivos”.
Karibu ha detectado que “en fechas previas a estos vuelos ha habido un incremento de personas de estas nacionalidades en el CIE de Aluche”, denuncian.
“Se han detectado prácticas en las que senegaleses y nigerianos en proceso de regularización o renovación de su documentación han sido citados en comisaría mediante llamadas telefónicas a sus domicilios particulares, detenidos e ingresados en el CIE en fechas previas al flete de estos vuelos”.
El informe añade que “lejos de ser una práctica puntual, los numerosos casos observados en diversas comunidades autónomas indican una relación entre los vuelos colectivos y las citaciones en comisaría”, y que estos vuelos se hacen normalmente de noche o de madrugada, inmovilizando las manos e incluso los pies de los expulsados.
De manera puntual, los agentes tienen conductas racistas y violentas, apunta el estudio.
El informe revela que el tiempo medio de internamiento en el CIE de Aluche es de 32 días y que solo el 20 por ciento de los internos son finalmente expulsados, ya que la mayoría son liberados en España con una orden de expulsión vigente “que impedirán que tengan una vida normalizada”.
La mayoría de las personas visitadas por la ONG fueron internadas para cumplir una orden de devolución (el 47 %), tras entrar en España por puestos no habilitados como frontera, por ejemplo atravesando las vallas de Ceuta y Melilla.
