El
Consejo de Gobierno aprobó este viernes una propuesta de la consejera de Hacienda de Ceuta, Kissy Chandiramani, para aplicar al
Plan de Empleo de la Ciudad Autónoma de este año
las mismas retribuciones que percibe el personal laboral de la Administración, es decir, “bastante más que hasta ahora”, según el
Gobierno de Ceuta. Una decisión con la que
UGT no está de acuerdo puesto que alega que estos trabajadores deben cobrar según el convenio colectivo vigente, que es de 2019 y es donde vienen recogidas las tablas retributivas. Según la Ciudad lo hará “por seguridad jurídica”, pero en realidad es en base a la última sentencia recibida favorable a UGT y que obliga al Gobierno local a hacerlo así ya que recoge que “la Administración de la Ciudad no cuenta con una relación de puestos de trabajo aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Ceuta, por lo que no se puede aportar tablas retributivas como se solicita”. Sin embargo, para el secretario general de UGT Ceuta, Juan Carlos Pérez, y el responsable de los servicios jurídicos del sindicato, Ramón Lladó, desde hace años se ha producido una dejadez por parte del Ejecutivo de Vivas con un problema que es histórico. “¿Qué ha hecho sistemáticamente el gobierno de Juan Vivas con los Planes de Empleo? Los ha utilizado para cubrir plazas estructurales del Ayuntamiento y este ha amortizado más de 300 plazas estructurales de su plantilla y ha utilizado mano de obra barata con los Planes de Empleo. Todos los servicios estaban plagados de trabajadores de los Planes de Empleo y esto era una barbaridad y una ilegalidad”, ha insistido el secretario general de UGT Ceuta, Juan Carlos Pérez. Como la cantidad que recibirá la Ciudad del Estado es la misma, 3,2 millones, la Administración local ha reducido el número de beneficiarios a 146. Todos ellos irán destinados al ámbito educativo en virtud del acuerdo alcanzado con la Delegación del Gobierno y en su mayoría será personal sanitario dadas las necesidades requeridas en los colegios por el Covid-19. Pero desde UGT critican que se vayan a usar fondos de la subvención del SEPE para pagar a estos empleados cuando deberían cubrirse estos salarios con fondos de la propia Ciudad Autónoma, además de que se reduzca el número de beneficiarios. “Pero el Ayuntamiento lo que quiere hacer es cargar su propia ineptitud y mala gestión de los Planes de Empleo a la administración central y a la subvención y eso no puede ser”, ha proseguido Juan Carlos Pérez. Salarios que están regulados y publicados según un decreto del BOCCE que se actualizó en 2019 en base al salario mínimo interprofesional, mientras que las tablas salariales son de hace 20 años. Por lo que UGT no entiende que ahora la Ciudad vaya a renovarlas “en tiempo record”. “Llevamos 20 años diciéndole al Ayuntamiento que hay que hacer una RPT, que hay que valorar los puestos de trabajo y que el convenio colectivo del personal laboral y de los funcionarios tienen que tener unas tablas salariales”, ha insistido. De hecho, el secretario general del sindicato denuncia que al no estar regulado nadie sabe lo que cobra realmente cada trabajador. Por lo que culpan al Gobierno de Vivas y a la consejera de Economía de que si este año hay menos personal es porque les quieren pagar como al resto de funcionarios, mientras que los Planes de Empleo gestionados por la Delegación del Gobierno sí estarían bien estructurados.
Por su parte, el responsable de los servicios jurídicos del sindicato, Ramón Lladó, explicó que los trabajadores a los que se les pagará con esa subvención del SEPE son unos 130 y criticó que desde el sindicato desconocen cómo han aprobado esas nuevas tablas salariales, cómo se han confeccionado y con quién puesto que con los sindicatos mayoritarios no habría contado la Ciudad. “Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es que en base a una previsible nulidad de ese convenio y tablas salariales, inventarse unas nuevas tablas sobre lo que cobra el personal laboral cuando acaba de decir un juzgado que no hay tablas retributivas. Entonces, ¿de dónde las van a sacar? Esto es un problema gordo en el que llevamos 36 años de incumplimiento de la redacción de los puestos de trabajo desde 1984”, ha señalado Lladó. Un salario que es un misterio incluso para los propios trabajadores, que podrían acogerse tanto ellos como los sindicatos a la sentencia favorable a UGT para impugnarlos. Pero señalan que si estos salarios se pagan de acuerdo al convenio de 2019 el sindicato no actuaría legalmente.