La investigación de UDYCO sobre el narcotúnel, en riesgo tras el choque con la UCO

El procedimiento seguido en la Audiencia Nacional por el hallazgo del segundo narcotúnel escondido en una nave del Tarajal y que servía para colar hachís desde Marruecos en Ceuta puede dar un giro inesperado. 

Tanto que puede tumbar la que se consideró investigación estrella para la UDYCO, un referente a nivel no solo policial sino también mediático. 

La clave radica en si prospera el incidente de nulidad de actuaciones que ha sido presentado por la defensa de M.Ch.B., considerado como uno de los cabecillas de la trama que dio pie a la Operación Ares, realizada por la UDYCO de la Policía Nacional.

A él se la llamo el jefe de los túneles, el patrón de los patrones. Ahora está preso preventivo.

Su letrado, Fidel Rodríguez Márquez, sostiene sus alegaciones en el choque que asoma entre la UDYCO y la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil que se vio salpicada por unos seguimientos realizados a dos de sus agentes más especializados que habían sido encomendados a la búsqueda de fuentes.

Si el juez resuelve a favor, se estaría ante uno de los mayores escándalos en las investigaciones desarrolladas.

Los agentes “desconocidos” que eran miembros de la UCO

Rodríguez Márquez pone el foco en las aseveraciones que efectuó la UDYCO en un informe y que posteriormente fueron tomadas como base para justificar la adopción de medidas “que se reputan, de origen, viciadas de insalvable nulidad, por cuanto responden a hechos mendaces, dicho sea, siempre con el debido respeto y en términos de estricta defensa”, expone en el escrito notificado a la Audiencia a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro.

La clave de toda esta historia que puede terminar con un auténtico escándalo radica en el oficio que figura en la investigación de la UDYCO y cuyo contenido se conoció cuando ya se había procedido al desarrollo de la fase estelar del operativo con cuantiosas detenciones en la ciudad y el posterior descubrimiento del segundo narcotúnel.

En el mismo, el responsable de la investigación detalla a petición del juez instructor el seguimiento que hizo la UDYCO a los considerados cabecillas de esta trama, el guardia civil jubilado, A.A., y M.Ch.B.

Ambos se reunieron en la Península con dos agentes de la UCO a los que la Policía identificó en sus seguimientos de forma constante como “desconocido 1” y “desconocido 2”. La UDYCO los vigilaba, hizo fotos y las plasmó en los resúmenes que iba haciendo de todos sus operativos.

Para el letrado, esa condición de “desconocidos” se corresponde a una “premisa fáctica que, dicho sea siempre con el debido respeto y en términos de estricta defensa, se reputa mendaz, toda vez que tales sujetos no serían en absoluto desconocidos para el grupo investigador a cargo de confeccionar el oficio”.

Ahí radica la gravedad de todo, la clave que puede tumbar una de las investigaciones estrella de la UDYCO -o la más- si prospera y es atendido este incidente de nulidad. 

Búsqueda de fuentes, no comisión de delitos

Esa conclusión, ese convencimiento de que la UDYCO sabía que los “desconocidos” eran en verdad agentes de UCO y no cooperadores en un pretendido ilícito penal aunque no se le dijera así al juez instructor, se alcanza tras las declaraciones ofrecidas a principios de este mes de octubre por agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil que declararon como testigos en la Audiencia Nacional.

Así, el teniente coronel de la UCO, que apareció en una fotografía captada por la UDYCO de ese encuentro, reconoció haber asistido al mismo, pero encuadrando esa reunión en una mera entrevista para buscar colaboradores con la Unidad Central Operativa.

Fue por tanto un encuentro autorizado por sus superiores que se realiza siempre siguiendo protocolos de seguridad para garantizar la trazabilidad de la información.

Esa reunión fue señalada por la UCO como de trabajo, una reunión con una fuente en la que el guardia civil jubilado realizaba las labores de intermediación para conseguir que la UCO contactara con M.Ch.B.

La UDYCO, en cambio, lo consideró como la planificación de una actividad ilícita.

“Se trataba de una reunión con una fuente y no de una conversación relativa a cometer un ilícito tal y como los agentes de UDYCO quieren hacer ver”, se expone en el incidente de nulidad remitido a la Audiencia Nacional para su estudio.

Medidas de investigación que nacen de una información errónea

“Ya desde este momento se hace ostensible cómo los presupuestos y premisas de los que se sirve el oficio no son tales ni ostentan la entidad o tintes penales que se pretenden hacer valer en el mismo; pese a ello, fueron precisamente tales presupuestos y premisas falaces los que permitieron la adopción de unas medidas de investigación que se reputaron activas durante todo un año sin, como vemos, respetar las debidas garantías o indicios de criminalidad para su adopción y posterior mantenimiento”, expone en este incidente de nulidad.

Durante un año se autorizaron o prorrogaron las prácticas de diligencias o medidas en base a un razonamiento erróneo o viciado. Es lo que mantiene la defensa del llamado jefe de los túneles.

La UCO se ciñe a que esa reunión era de captación de fuentes, no de organización de delitos. Se estaba hablando para trabajar, no en el marco de algo criminal sino al contrario, en el marco de una colaboración.

La clave está en esta cuestión: ¿Sabía la UDYCO que eran agentes de UCO los que estaba fotografiando? La unidad de élite dice que sí.

“No resulta cierto en absoluto manifestar o referir de forma continuada en el oficio expuesto que estos varones resultan hasta el momento desconocidos. Presupuesto y premisas empleados nuevamente para sostener unas medidas de investigación que por lo expuesto se reputan viciadas de una irreparable nulidad, que pesa sobre las mismas de origen y desde el momento más primigenio de su adopción inicial”, se recoge en el escrito.

Cuándo se supo que la UCO tenía estas reuniones

Otra cuestión importante es cuándo se supo todo esto. Según las declaraciones de los agentes de la UCO, a mediados de abril habrían trasladado a UDYCO lo que eran, pero el juez instructor no tuvo conocimiento de ello.

Son reuniones “normales”, declaró un capitán. Todas grabadas y para hablar de trabajo y operativas para esclarecer delitos, no para cometerlos.

El comandante de la UCO que prestó declaración lo hizo para sostener que sus agentes mantuvieron esa reunión bajo conocimiento de los jefes. Eran agentes, no personas afines a los narcos. Se contactaría poco después con el jefe de UDYCO para decirle que lo que habían grabado sus hombres era una reunión de trabajo, bien alejada de cualquier atisbo de corrupción.

El 15 de abril, mucho antes de desarrollarse la operación del narcotúnel, la UDYCO sabía la identidad de los “desconocidos” y la base de ese encuentro, pero en oficios posteriores siguió sin señalarlos como miembros de UCO y aludiendo a una presunta participación activa de índole criminal.

El detalle conocido sobre la identidad de los agentes y verdadera naturaleza –en ningún modo ilícita– se habría ocultado, de acuerdo con este incidente de nulidad, mientras se seguía avanzando en investigaciones, solicitando medidas restrictivas de derechos contra personas que fueron posteriormente detenidas.

Se estaría ante una “intolerable ocultación de información por parte de UDYCO al órgano judicial instructor, arrastrándose una actuación ilícita por ser contraria a principios procesales”, se expone en el documento. 

Merma de garantías procesales

Una merma, también, del deber de información, “sin poner a disposición de la autoridad judicial todo resultado o información obtenidos en el seno de cualquier investigación de hechos” y de garantías procesales.

“¿De qué datos objetivos, accesibles a terceros y con base real sobre la comisión del hecho delictivo, contamos en el presente procedimiento al tiempo de solicitarse las sucesivas autorizaciones y prórrogas de medidas tan sumamente restrictivas de derechos fundamentales?”, se pregunta la defensa.

“¿Qué datos merecen el calificativo de “objetivos”, por encontrarse alejados de valoraciones sobre las personas?”.

“La respuesta a ambas preguntas es tan sencilla como descorazonadora en términos procesales: ninguno. No encontramos en las presentes actuaciones dato o información objetiva alguna, alejada de tales valoraciones, hipótesis o conjeturas, realizadas por el Grupo investigador”, sostiene.

La reunión de narcos que no lo era

Cuando se tuvo conocimiento de que los investigadores no estaban controlando una reunión entre narcos, se debió poner en conocimiento de la autoridad judicial.

“Lo contrario ha supuesto prolongar la autorización y prórroga de unas medidas restrictivas de derechos fundamentales, sobre una base que no existe y cuya verdadera naturaleza se ocultó; dicho sea siempre con el debido respeto y en términos de estricta defensa”.

Al tiempo de saberse que los agentes intervenían como captadores de fuentes se tuvo que haber informado al juez.

La defensa solicita en este incidente de nulidad que toda la prueba obtenida a raíz de esta no comunicación de datos aflorados no sea tenida en cuenta, quedando nula, lo que afectaría a oficios de peso.

Que prospere este incidente de nulidad supondría expulsar del procedimiento las pruebas derivadas de las inicialmente consideradas viciadas.

La cronología de lo ocurrido

En el escrito presentado a la Audiencia Nacional se pide acordar la nulidad de las actuaciones derivadas de ese incidente, archivando el caso respecto del considerado jefe de la trama.

En la cronología de lo sucedido figura inicialmente el 2 de abril como fecha en la que se produce el encuentro; el 11 de abril de 2025 la UDYCO conoce que los desconocidos son un teniente y un agente de la UCO.

El 14 se siguen adoptando medidas de control y seguimiento, así durante un año. El 15 el comandante de UCO traslada al jefe de UDYCO quiénes son sus agentes. 

Este incidente de nulidad presentado lo tiene que resolver el Juzgado Central de Instrucción número 6. De prosperar, una parte de las actuaciones quedaría sin efecto, en concreto, el grueso de toda la operación, un año de investigaciones.

Se tiene que revisar si se respetaron todas las garantías, si se obtienen autorizaciones sobre un dato cuya falsedad era conocido por quien lo pidió antes de que el juez resolvería.

“Es patente la conexión de antijuridicidad que inexorablemente arrastra por los mismos cauces de nulidad todas aquellas diligencias instructoras que han sido acordadas y practicadas a raíz de unas medidas de investigación a su vez motivadas sobre una base que no sólo no es real, sino que su verdadera naturaleza, una vez fue conocida, se ocultó deliberadamente a la autoridad judicial, sin permitir ceses o variaciones en unas medidas que por restrictivas de derechos fundamentales, precisan unos cánones reforzados de base indiciaria y motivación que, en el caso de autos, no concurrió ni de la forma más elemental”, se concluye.