La UDYCO de la Policía Nacional ha remitido un nuevo oficio al Juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que solicita el clonado, volcado, visualización, estudio y análisis de terminales electrónicos hallados en las entradas y registros realizados en Ceuta, Galicia y el sur peninsular en el marco de la operación que derivó en la localización del segundo narcotúnel.
La unidad policial ha pedido ese amparo para intervenir hasta 16 terminales de cuatro detenidos en esa operación, la llamada Ares.
Dos son los señalados como socios de Pablo oro, líder de la rama gallega de este entramado que introducía hachís desde Marruecos a través de la galería subterránea que culminaba en una nave del Tarajal.
Según la UDYCO, destripar el contenido de esos terminales es importante para ahondar en la operativa de esta organización dedicada a la guarda, almacenaje, transporte y distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes, tanto hachís como cocaína, mediante vehículos a motor y embarcaciones de alta velocidad (EAV).
La clave estaba en ese narcotúnel construido para unir subterráneamente el país vecino Marruecos con Ceuta y asegurar “un flujo constante de grandes cantidades de hachís, mediante una infraestructura altamente especializada”, concreta la Policía en su informe, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.
La UDYCO sospecha de la participación de agentes de las fuerzas de seguridad, “que podrían colaborar en la ejecución de ilícitos contra la salud pública y conexos que esta organización criminal ejecutaba”.
No quiere que se escape nada por eso consideran que es de vital importancia acceder a la información contenida en esos terminales, colocando la puntilla a una operación en la que se han incautado de 17.504 kilos de hachís, 88 de cocaína e intervenido 1.504.005 euros, rozándose casi las treinta detenciones.
Bajo investigación están los delitos de tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y conspiración para el asesinato, entre otros.
La UDYCO solicita el clonado y estudio de teléfonos de, entre otros detenidos, el considerado como encargado de labores de seguridad y vigilancia para el desarrollo de operaciones.
En su vivienda, la Policía encontró el permiso de circulación del vehículo que conducía una joven a la que detuvieron con 480 kilos de hachís.
En su caso, la Policía solicita acceder a datos de comunicaciones por distintas vías, datos de navegación y archivos “que evidencien la estructura jerárquica, rutas de transporte de la droga y conexiones con proveedores”. En su vivienda, la UDYCO encontró 94.000 euros y 25 kilos de hachís.
Otro de los detenidos cuyos terminales quieren ser analizados está considerado mano derecha de Pablo oro. Fruto de las medidas de investigación acordadas por la UDYCO, se comprobó que ambos viajaron desde Pontevedra hasta Algeciras, “con la finalidad de hacer entrega de 668.270 euros”, dinero que asocian a un transporte de droga.
La UDYCO cree que “en el interior de los dispositivos electrónicos se podría encontrar información que pueda permitir la imputación de estos ilícitos a los restantes miembros de la organización criminal que han permanecido en el anonimato, logrando el total esclarecimiento del hecho y la detención para su puesta a disposición judicial de los autores que han logrado eludir la acción policial”.
En el registro de la vivienda de otro de los detenidos, los agentes encontraron 34.100 euros, “presumiblemente originados como beneficio de su implicación en los sendos delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes por el que se procede a su detención”.
En otro de los casos, a un presunto implicado en la rama gallega de la red del narcotúnel se le encontraron 90.020 euros.
Para la UDYCO estas solicitudes de análisis son aptas, adecuadas y útiles para la consecución del fin legítimo perseguido, que no es otro que “el total esclarecimiento de los hechos investigados y la obtención de fuentes de prueba o indicios de especial relevancia penal”.
“Durante la investigación se ha desprendido que los ahora detenidos se valían de los dispositivos electrónicos intervenidos, para la coordinación de portes de sustancias estupefacientes, la remisión de ubicaciones de guarderías/almacenes de sustancias estupefacientes, la interlocución entre miembros de la organización criminal, la financiación de operaciones, el control de centros logísticos, la recepción y entrega de elevadas cantidades de dinero en efectivo y, el empleo de aplicaciones de mensajería instantánea como Signal, Telegram y otras análogas, todo ello en el marco de una organización criminal estable y jerarquizada”, expone la UDYCO.
Por ello consideran que es lo solicitado es la medida es idónea para acceder a comunicaciones, archivos, contactos, geolocalizaciones, historiales, cuentas asociadas, documentos, fotografías, vídeos, notas, aplicaciones, servicios de mensajería y demás contenidos digitales que puedan ayudar a la identificación de los restantes miembros que han permanecido en el anonimato.
“Las medidas ya practicadas, véase dispositivos de vigilancia y seguimiento, sonorizaciones, intervenciones telefónicas y las citadas entradas y registros, han permitido obtener sólidos indicios sobre la actividad desarrollada por los ahora detenidos y sobre el uso instrumental de los dispositivos intervenidos”, explica la UDYCO.
Los agentes aluden al uso consciente de aplicaciones seguras para los investigados, lo que obliga a que únicamente mediante el análisis forense de los dispositivos pueda completarse “la reconstrucción de la actividad delictiva, afianzarse la atribución individual de roles, comprobarse la persistencia de las relaciones entre los detenidos y detectarse a oros miembros o colaboradores aún por identificar”.
La UDYCO está tras implicados en la red del narcotúnel que seguirían todavía ocultos.
“La injerencia interesada aparece debidamente limitada, al ceñirse exclusivamente a dispositivos concretos intervenidos en legal forma, respecto de usuarios identificados y con la exclusiva finalidad de acceder a aquellos contenidos que guarden relación directa con los hechos investigados y con la identificación de los restantes miembros que permanecen en el anonimato, de modo que el sacrificio de derechos fundamentales resulta equilibrado, razonable y estrictamente justificado por la magnitud del interés público comprometido”, concreta.
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