La dependencia que del transporte tiene la ciudad autónoma no puede afectar a cuestiones básicas como la asistencia sanitaria en conflictos laborales como el que ha conducido a la huelga convocada estos días, que ha repercutido grave y directamente en sectores esenciales como el de la toma, envío y análisis de muestras biológicas.
Varios laboratorios han dado la voz de alarma para evidenciar un problema que debe ser tratado por las administraciones competentes con la seriedad y la firmeza que merece a la hora de establecer los servicios mínimos que sean precisos para garantizar que ningún producto o mercancía de primera necesidad que deba ser trasladado en cualquier sentido entre la ciudad autónoma y la península lo haga en tiempo y forma.
Aunque la problemática con los envíos es de sobra conocida por las singularidades de la ciudad y su no inclusión en la Unión Aduanera, en este caso se trata de hacer compatible el inalienable derecho a la huelga que tiene un sector que está sufriendo duramente las consecuencias de las múltiples crisis acumuladas, la última la de Ucrania, que ha disparado los precios de los carburantes, con la no menos inviolable necesidad de que un servicio esencial y básico para la ciudad no se altere hasta límites inaceptables.
Ese debería ser otro de los puntos que se aborden en el tan anhelado Plan Estratégico que para Ceuta (y Melilla) ha encargado el Gobierno central elaborar a Tragsatec en sus ámbitos más cercanos al ciudadano, los relativos al refuerzo de los servicios públicos.
Trasladar a los ceutíes la certeza de que en lo básico, y nada tanto como el acceso a la salud, tienen los mismos derechos y garantías que el resto de españoles es lo primero para sentar las bases de un futuro estable y seguro edificado con confianza.
