El sindicato CSIF ha ensalzado la gran labor que llevan a cabo los funcionarios de prisiones, sobre todo ante las situaciones de inseguridad que se producen no solo por las agresiones o amenazas, sino también por el resultado de los decomisos.
El pasado año se incautaron en la cárcel de Ceuta 28 teléfonos móviles, además de 2 objetos punzantes, 941,56 gramos de hachís, 0.54 gramos de cocaína, 140.5 unidades de benzodiacepinas, 1.5 unidades de antipsicóticos, 62 unidades de otras sustancias psicoactivas y 1 unidad de otros psicofármacos, entre otras prácticas ilegales.
Son sustancias ilegales y objetos prohibidos que lograron ser introducidos en la cárcel, es decir, se consiguió burlar la seguridad.
CSIF pone el foco en ese tipo de situaciones adversas, hablando de los desafíos a los que se debe enfrentar la administración penitenciaria.
Urge dar una protección para que los funcionarios garantes del funcionamiento de la cárcel estén lo suficientemente protegidos, ante el aumento de agresiones, amenazas y coacciones que se dan de manera directa o indirecta.
Hablan de fallos como la falta de actualización y cobertura de la RPT y ponen de manifiesto las condiciones cada vez más precarias que se dan.
No son críticas que deban caer en saco roto, sino que tienen que ser escuchadas y atendidas para su resolución.
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