Los movimientos de personas en busca de una vida mejor han sido una constante en la historia del hombre y en la actualidad los motivan, sobre todo, las grandes desigualdades en nuestras sociedades.
Estos movimientos migratorios deben ser abordados siempre con responsabilidad y también con sensibilidad, siempre dentro del respeto a la Ley y por supuesto a la soberanía de los Estados.
España, por sus características, ha sido siempre un área de transito de flujos migratorios. No sólo es puerta de entrada a Europa por mar sino que es el único país de la Unión Europea que tiene fronteras terrestres en África Y esa es nuestra posición: somos (junto con Melilla) la frontera Sur de la Unión Europea (UE) en África. Nuestra frontera es la escenificación diaria de ese mundo de desigualdades origen de las migraciones. A un lado está la Europa desarrollada, mundo de oportunidades y al otro lado está el mundo desesperado. España habiendo sido un país de emigrantes ahora lo es de acogida. Ceuta puede estar orgullosa de ser y haber sido siempre una ciudad hospitalaria que acoge a los inmigrantes que deciden buscar esas oportunidades de desarrollo personal, profesional o familiar en nuestra Europa.
Y puesto que somos frontera de la UE, es justo añadir que necesitamos más implicación de Bruselas en esa gestión. Se hace cada vez más necesaria una política común en materia migratoria que armonice las diferentes políticas que componen esta materia, desde el asilo hasta la protección de las fronteras, y que promueva la necesaria solidaridad con los países que son frontera Sur de Europa como España. Duelen, y mucho, planteamientos críticos irreales que se hacen con arrogancia desde un despacho de Bruselas por burócratas que se niegan a pisar el terreno.
Pero el drama de la inmigración irregular enfrenta a los Estados al complicado problema de hacer posible la defensa de la legalidad y la garantía de los derechos fundamentales de quienes son las principales víctimas, es decir, los propios inmigrantes irregulares. La constatación de que los inmigrantes están en España en situación ilegal debe hacerse compatible con la protección de sus derechos y, así, medidas necesarias como la devolución o la expulsión deberían excluirse del debate político. Y eso además sin dejar de luchar denodadamente contra el fenómeno de las mafias y organizaciones criminales que se dedican a lucrarse con quienes están dispuestos a dar lo poco que tienen por llegar a Europa.
Y es una exigencia para cualquier Estado civilizado que se precie de serlo el que la gestión de la inmigración irregular deba realizarse con todas las garantías, incluyendo el imprescindible control judicial y que los inmigrantes sean tratados con dignidad. Por tanto es necesario hacer compatible la protección de las fronteras, como obligación que impone el Derecho comunitario (Código Schengen) y el Derecho nacional, con la defensa de los derechos y la integridad de quienes intentan vulnerar esas fronteras de forma ilegal y, en algunos casos, violenta.
El Estado no puede hacer dejación de una función elemental como es proteger las fronteras e impedir que se pueda entrar en el territorio nacional vulnerándolas. Si lo hiciese, dejaría de ser Estado. Esta misión, legalmente encomendada a ese Cuerpo al que nunca dejaremos de estarle agradecidos, la Guardia Civil, no por ser menos difícil deja de ser esencial. La Guardia Civil tiene la obligación de evitar las entradas ilegales y para ello cuando es necesario hace un uso proporcionado y responsable de la fuerza. Ese uso de la fuerza, legítimo, debe ser reducido a la mínima expresión e incluso evitado puesto que en la mayoría de los casos hablamos de seres humanos desesperados y no de delincuentes. Y es en este punto donde entra el concepto de “rechazo en frontera”. Este procedimiento, que se viene poniendo en práctica desde que comenzó a aumentar la presión migratoria en la frontera, es una medida de compulsión para hacer frente a quienes pretenden vulnerar la frontera de España. Es un procedimiento previo (y esto es clave) a la inadmisión, a la devolución o a la expulsión.
Estoy convencido de que el ordenamiento jurídico debe contemplar con claridad la singularidad de la situación que se produce a diario en Ceuta y Melilla, porque no es comparable a ningún otro punto de España ni de Europa, y que además debe hacerlo de manera diáfana para dotar a la Guardia Civil de la debida seguridad en sus actuaciones. Y ésto es absolutamente compatible con la mejor de las garantías al derecho a la protección internacional y al derecho a solicitar asilo. Pasos importantes se están dando en este sentido: para facilitar la tramitación de las solicitudes de asilo se abrirán próximamente dos oficinas de asilo en los pasos habilitados de nuestra Ciudad y de Melilla para recibir las solicitudes y tramitar los expedientes por el procedimiento legalmente previsto de asilo en frontera.
Y por último, Marruecos es un socio imprescindible en todos estos aspectos. Es un país de tránsito que se está convirtiendo irremisiblemente también en un país de acogida. Colabora de forma intensa en el control de la inmigración ilegal hacia nuestro país y como tal merece el apoyo de toda índole de España y, sobre todo de la Unión Europea. Y debe avanzar, además, en la regulación en su propio ordenamiento de sus capacidades de acogida, así como en materia de derechos humanos como el de protección internacional o el derecho de asilo. Esto ayudaría a todos. Empezando por el propio país vecino en un fenómeno que ya no es solo propio de los países más desarrollados.
Una vez más, como vecinos, estamos condenados a entendernos….
