En los puntos 1 y 2 del artículo 43 de nuestra Constitución, se reconoce el derecho a la protección de la salud y se indica que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley, establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Y por supuesto nosotros, los ciudadanos, nos lo creemos aunque la realidad sea bien distinta..... Recientemente, una clínica privada perteneciente a la red de una de las compañías aseguradoras más potentes del país, se ha negado a realizar una intervención quirúrgica a una enferma de Sensibilidad Química Múltiple (SQM), no porque no la precisara, sino por el simple hecho de padecer esta enfermedad cuando la cirugía era prioritaria para evitar si la situación se complicaba, que hubiera que realizarla de forma urgente con peligro para su vida.
Aquellos que siguen de forma habitual mis artículos de opinión, recordarán que la SQM es una enfermedad adquirida (no nacemos con ella), que se desarrolla por exposición única o reiterada a productos químicos y que no tiene cura en el momento actual, por lo que debemos evitar la exposición a los productos que nos dañan los 365 días del año, el resto de nuestras vidas y esa evitación, ha de realizarse también dentro del ámbito sanitario, tanto público como privado, aunque en el momento actual, dentro de la Medicina pública, tan solo Galicia desde 2019, Castilla-La Mancha y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba desde 2023 y Canarias desde 2025, disponen de protocolos de obligado cumplimiento para la atención de este tipo de enfermos, (protocolos que fueron entregados al personal que debería de haber realizado la intervención quirúrgica). Madrid desde el 2018 dispone de un protocolo pero solo para las urgencias, el resto de Andalucía, Asturias y Cataluña, tienen simples recomendaciones que pueden cumplirse o no, y las otras CCAA, no tienen absolutamente nada.
Desde hace unos años la sanidad se ha convertido en uno de los mayores negocios de nuestro país, privatizar los servicios públicos es rentable para aquellos a los que no le importa la salud de las personas sino hacer " caja", y mientras algunos desaprensivos juegan con el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, los colectivos más vulnerables son abandonados a su suerte (también se han negado intervenciones quirúrgicas a enfermos de SQM en el ámbito público).
Algo está pasando en la sociedad cuando no reacciona ante situaciones como el "edadismo" (discriminación por edad que se produce también dentro del sistema sanitario, cuando se niegan pruebas diagnósticas o tratamientos a las personas mayores) o el "abandono" de personas afectadas por enfermedades ambientales que no son otra cosa, que la consecuencia de la forma de vida actual llena de productos tóxicos que afectan la salud de toda la población provocando todo tipo de enfermedades, con la connivencia de "servidores públicos" sin conciencia, que se benefician sin importarles a costa de qué o de quiénes. Y ustedes..... ¿Cuánto creen que tardarán en convertirse en uno de esos colectivos?. ¿Esperarán con resignación a que les toque o lucharán por una sanidad pública digna?.
María Argentina Rey Fernández (Médico afectada de SQM)
