Ceuta contará en 2025 con un refuerzo económico de gran calado para garantizar tanto el suministro de agua como la prestación de servicios públicos esenciales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el Real Decreto 845/2025, mediante el cual el Gobierno aprueba la concesión directa de subvenciones para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En total, Ceuta percibirá 7,18 millones de euros, una partida destinada principalmente a sufragar los altos costes de la desalación y a financiar actuaciones municipales vinculadas a la seguridad y la limpieza urbana.
3,9 millones para la desaladora
De esta cantidad, 3,9 millones se destinarán a cubrir los gastos de funcionamiento de la planta desaladora, cuya labor es imprescindible para garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad.
3,25 millones para tráfico, limpieza y lucha contra el fraude
La otra partida, de 3,25 millones de euros, se invertirá en distintas actuaciones locales: regulación del tráfico de personas y vehículos, seguridad ciudadana, recogida de residuos en zonas periféricas y lucha contra el fraude en el Punto de Atención al Transporte Terrestre.
Se trata de áreas de gran importancia para el día a día de los ceutíes, especialmente en un contexto donde la presión poblacional y la complejidad geográfica hacen que los costes de prestación de servicios sean mucho más elevados que en otras regiones de España.
El real decreto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 23 de septiembre, se dicta en aplicación de la Ley General de Subvenciones, lo que permite que estas ayudas se otorguen de manera directa, sin necesidad de concurrencia competitiva.
Según se recoge en el BOE, se trata de una medida justificada por razones de interés público, social, económico y humanitario, dada la singular situación de Ceuta y Melilla en cuanto al abastecimiento de agua y la prestación de servicios.
Desalinización de agua de mar
La normativa recuerda que ambas ciudades carecen de recursos hídricos convencionales, lo que las obliga a recurrir a la desalinización del agua de mar, una tecnología mucho más costosa que los sistemas habituales de suministro. En este sentido, la intervención estatal es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera de la gestión del agua en Ceuta.
Además, el decreto subraya que tanto Ceuta como Melilla presentan tasas de pobreza y exclusión social superiores a la media nacional, así como limitaciones territoriales y estructurales que condicionan su desarrollo económico.
Factores como la alta densidad de población, el encarecimiento del transporte marítimo y aéreo o la dependencia de sectores poco diversificados acentúan la necesidad de apoyo estatal. De ahí que las ayudas no se limiten al ámbito del agua, sino que también contemplen actuaciones de seguridad, limpieza o servicios sociales.
Para Melilla: 4 millones para la desaladora y 10,2 millones para actuaciones sociales y educativas
Aunque Ceuta recibirá en torno a 7,1 millones, el decreto también contempla un paquete significativo para Melilla, con 4 millones para la desaladora y 10,2 millones para actuaciones sociales y educativas, que incluyen programas de ayuda a domicilio, convenios con ONG y becas de estudio. De esta forma, el total global de subvenciones asciende a 21,5 millones de euros, repartidos entre las dos ciudades autónomas.
La publicación de este real decreto se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Hacienda 2024-2026, dentro del objetivo de apoyo a la financiación de actuaciones específicas en comunidades autónomas y entes locales.
Según el texto, estas aportaciones cumplen con los principios de necesidad, eficacia, transparencia y proporcionalidad recogidos en la legislación, garantizando que los recursos se destinen a las necesidades más acuciantes de la población.
En el caso de Ceuta, el impacto de estas ayudas se dejará sentir de manera directa en la calidad del agua, la seguridad y la limpieza de la ciudad. Además, suponen un alivio para las cuentas municipales, que cada año deben hacer frente a gastos estructurales muy elevados para garantizar el funcionamiento de servicios básicos.
El Gobierno central refuerza así su compromiso con la ciudad autónoma, consciente de que su singularidad geográfica exige una atención diferenciada en materia de financiación pública.
