Hasta cuatro ministerios, los de Interior, Asuntos Exteriores, Migraciones y Política Territorial, están trabajando ya en la implementación de soluciones legales para lidiar con las problemáticas excepcionales que genera la singularidad como frontera terrestre de la UE en África de Ceuta.
El Gobierno central se ha llevado no pocos varapalos judiciales por tomar decisiones al margen de la normativa para resolver excepcionalidades locales. Ahí están las decenas de sentencias en contra que recibió la consigna de Interior de no permitir a los solicitantes de asilo con sus peticiones admitidas a trámite moverse por el territorio nacional, convirtiendo a las ciudades autónomas en una especie de extraño añadido a este. En agosto también se quiso hacer una operación, la de devolución de menores migrantes solos, que a ojos de los Tribunales carecía por bienintencionada que se quiera presentar de soporte legal en la que fundamentarse.
Ahora el Ejecutivo, que ya está recibiendo veredictos en contra por aplicar el procedimiento de sumario a algunas solicitudes de asilo, quiere equiparar a toda la ciudad a esos efectos con un puesto fronterizo o un CIE. Si consigue introducirlo en la legislación puede ser una medida efectiva para responder a hipotéticas avalanchas de peticionarios, aunque en su plan quedan por resolver puntos como dónde quedarían alojados o si Marruecos aceptaría su retorno.
El Estado debe trabajar sobre todo en ese último punto, pero es positivo que esta vez sí empiece a trabajar por los cimientos legales, aunque se desconoce si lo ha hecho con la celeridad suficiente para tener herramientas antes de la reapertura de la frontera, que ya se tilda oficialmente de “próxima”.
