La situación sanitaria en Ceuta y Melilla vuelve a situarse en el centro del debate tras el duro posicionamiento del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), que ha solicitado la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, al considerar que el sistema actual atraviesa un deterioro “insostenible”.
El sindicato sostiene que el modelo sanitario que gestiona el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio, ya no responde a las necesidades reales de la población, y alerta de que no se trata de un problema puntual, sino de una crisis estructural agravada por decisiones políticas.
Falta de especialistas y decisiones que agravan la crisis
Uno de los principales problemas señalados por el SMC es la escasez de médicos en especialidades clave, como Psiquiatría, Reumatología, Endocrinología o Radiología.
Esta carencia se ha visto agravada, según denuncian, por la eliminación del reconocimiento de zona de difícil cobertura, una medida que históricamente ayudaba a atraer profesionales a Ceuta y Melilla.
El sindicato considera que esta decisión ha supuesto “un duro golpe” para la estabilidad de las plantillas, en territorios que ya sufrían déficit de especialistas.
A esto se suman declaraciones institucionales que han generado malestar entre los sanitarios, como aquellas que apuntaban a que los profesionales son “los mejor pagados” o que “sobran médicos”, algo que el colectivo rechaza frontalmente.
La realidad, aseguran, es la contraria: plantillas insuficientes, sobrecarga asistencial y dificultades constantes para cubrir servicios básicos.
Aumento de derivaciones y dependencia de la península
Otro de los aspectos más preocupantes es el incremento de las derivaciones de pacientes a la península. Según los datos aportados, entre 2022 y 2025 se han registrado más de 7.300 traslados sanitarios, lo que evidencia una dependencia estructural del sistema.
Esta situación obliga a muchos pacientes a abandonar su entorno para recibir tratamiento, algo especialmente duro en casos graves como el cáncer. El impacto no es solo sanitario, sino también emocional y social, tanto para los enfermos como para sus familias.
El SMC subraya que este aumento de derivaciones es consecuencia directa de la falta de planificación en recursos humanos, lo que impide que muchos servicios puedan prestarse en las propias ciudades.
Inversiones sin personal y avance de la externalización
El sindicato también pone el foco en una paradoja: la inversión en tecnología sanitaria no se traduce en una mejora real del servicio.
Según denuncian, se han destinado más de 13 millones de euros a equipamientos como resonancias o salas de hemodinámica que, en muchos casos, no pueden utilizarse plenamente por falta de especialistas.
A esto se suma el avance de un modelo basado en la externalización de servicios, que incluye pruebas diagnósticas y áreas asistenciales completas. El SMC advierte de que este enfoque debilita progresivamente la sanidad pública, aunque desde el Ministerio no se denomine como privatización.
Indicadores preocupantes y falta de respuesta política
El sindicato alerta además de una situación epidemiológica preocupante: Ceuta y Melilla presentan la mayor incidencia de tuberculosis en España, un dato que, a su juicio, refleja las deficiencias del sistema sanitario y la necesidad urgente de reforzar la atención pública.
En este contexto, critican la falta de escucha por parte de la Administración hacia los profesionales sanitarios, cuyas advertencias —afirman— han sido ignoradas de forma reiterada.
Exigen responsabilidades y un cambio urgente
Para el Sindicato Médico de Ceuta, la situación actual no es solo un problema técnico, sino de voluntad política. Consideran que cuando la gestión no corrige los problemas, sino que los agrava, deben asumirse responsabilidades.
Por ello, reclaman la dimisión de la ministra y exigen un cambio urgente en la política sanitaria para Ceuta y Melilla, basado en más inversión en personal, diálogo con los profesionales y reconocimiento de las particularidades de ambos territorios.
El mensaje final del colectivo es claro: la sanidad pública debe garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos en su propia ciudad, algo que, según denuncian, hoy no está asegurado.
