Visto para sentencia el juicio contra el médico acusado de homicidio imprudente l Fiscalía pide cárcel
“Tengo la conciencia tranquila, soy inocente y siento profundamente la muerte del paciente”. Estas fueron las palabras que, para concluir un juicio que se ha extendido en tres sesiones –más una suspensión en medio por causa de fallos informáticos–, pronunció ayer el cirujano J.M.E, médico en activo, sin antecedentes penales de ningún tipo y acusado de incurrir en un delito de homicidio por imprudencia, por el que el Ministerio Fiscal y Acusación Particular le pidieron cárcel e inhabilitación. El caso, por tanto, queda visto y será ahora la magistrada juez titular del órgano de lo Penal número Uno la que, mediante sentencia firme, elevada en un sentido u otro, es decir en términos absolutorios y condenatorios, lo resuelva.
La sesión de ayer, último y definitiva, sirvió para que cada parte expusiera su punto de vista acerca del caso y solicitara su petición en pos de esclarecer unos hechos que concluyeron con el fallecimiento de un vecino en octubre de 2009, tras ser intervenido de urgencia en el Hospital Cruz Roja de Ceuta a causa de un cáncer de colon.
Así, el 30 de septiembre del mencionado año, V.C.L., vecino de la ciudad, recibió una pésima noticia: tenía cáncer de colón. Seis días después se acordó, dada “la gravedad” de su estado, según valoraron los facultativos del Hospital Cruz Roja Ingesa de Ceuta, que fuera intervenido el 15 de ese mes de octubre, como así ocurrió. Tras la intervención quirúrgica pasó a planta, empeoró a los pocos días y terminó falleciendo en la UCI, tras otra operación, esta desesperada, el día 29. ¿Pero este desenlace fue por causa directa de su grave enfermedad o el funesto final se produjo por relación directa a una mala praxis médica?
El Ministerio Fiscal pidió, en su turno, dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica durante cinco años y que indemnice a la familia del fallecido en una cuantía por determinar, todo ello al considerar esta parte que quedó probado que incurrió en un delito de homicidio por imprudencia grave.
Por su parte, mientras la Defensa solicitó la libre absolución del cirujano, al entender que procedió de manera rigurosa al cumplimiento de su deber, como así marca todo código deontológico médico que se precie, petición que fundamentó basándose “en los contundentes informes favorables presentados y analizados durante el juicio”, la Acusación Particular difirió ligeramente de la petición elevada por Fiscalía y por el mismo delito sube a tres años y seis meses el tiempo de prisión, baja en uno la inhabilitación de su profesión y pone cifras concretas al dinero que, entiende, sería justo que la familia, los grandes sufridores de este episodio, recibiera. Así, pide que la viuda reciba 115.035 euros, un hijo 19.000 y otro 9.500.
“Actuó de manera correcta, realizó su labor de manera rigurosa, intervino en el momento adecuado, se le aplicó el tratamiento preciso y no hubo dejación de funciones”, enumeró el letrado de la Defensa, “y así lo verifica el grueso de los profesionales que por esta Sala han desfilado en cada sesión”. Además, la abogada de Ingesa, dijo por su parte, que “el Hospital proporcionó los medios personales y materiales adecuados” y añadió que “en ningún caso el desgraciado fallecimiento del paciente se le puede imputar al doctor”, dijo, justo antes de que el caso quedara visto para sentencia.
