“Señor Wert, déjenos trabajar”

“Sólo les pedimos, que nos dejen trabajar”. Así termina la carta-manifiesto que los directores de todos los centros educativos públicos de la ciudad autónoma (los 17 colegios de Educación Infantil y Primaria, los seis institutos de Secundaria y los dos de Educación de Adultos) han firmado para trasladar al ministro José Ignacio Wert y a los Servicios Centrales de su departamento su frustración ante las condiciones laborales que soportan, cada vez más complicadas.
“Queremos exponerle”, explica al ministro el colectivo en la misiva, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, “la situación que se está viviendo en los centros docentes de Ceuta como consecuencia del desenfocado funcionamiento de la administración que usted dirige y que, a nuestro juicio, perjudica significativamente la calidad de la enseñanza”.
Según los directores y los sindicatos representativos del colectivo de maestros y profesores, las medidas de recorte adoptadas en 2012 “han causado un serio perjuicio al funcionamiento de los centros”. “El aumento de los periodos de docencia directa en Secundaria, la supresión de las reducciones a los mayores de 55 años y, en especial, la no cobertura de bajas por enfermedad durante los diez primeros días lectivos, han estrechado muy considerablemente el margen de horario disponible para la realización de las tareas de carácter complementario”, ejemplifican.
A ello se han unido “las reducciones de plantillas y el incesante incremento de población escolar” a razón de unos 500 estudiantes más por curso “sin que este aumento se haya correspondido con una ampliación de la red de centros”.
“Este hecho nos ha llevado a un grado de masificación de las aulas insoportable”, denuncia la comunidad docente ceutí, que lamenta que “a pesar de las reiteradas llamadas de atención sobre esta circunstancia, nada se ha hecho al respecto”.
Todas estas circunstancias “han añadido un mayor grado de dificultad a una realidad educativa ya de por sí extraordinariamente compleja” como es la ceutí en la que, a modo de puntilla, se han “multiplicado exponencialmente” las tareas complementarias, en especial las relacionadas con la atención a las familias.
Por otro lado, “el desarrollo de los programas educativos y sobre todo los compromisos derivados de los Planes de Mejora exigen una carga de trabajo que a duras penas se puede desarrollar en la jornada laboral del profesorado”, completa la carta, que destaca que “no corren mejor suerte los equipos directivos, que sin medios adicionales deben hacer frente a nuevas tareas ajenas incluso a sus propias competencias como la tramitación de becas o el programa de gratuidad de libros de texto”.

“Enorme presión”
“La conclusión de todo lo expuesto”, termina el documento, “es que los claustros están trabajando bajo una enorme presión de efectos muy perniciosos en el ámbito pedagógico”. “No podemos”, protestan los docentes, “comprender la actitud del Ministerio, que lejos de apoyar la labor del profesorado se dedica a atosigarlo con constantes y reiterados requerimientos de cumplimentación de tareas administrativas”.
Para los afectados esta política se ejecuta, además, de forma descoordinada (“en muchos casos se pide información duplicada o simultánea”) e imponiendo “un nivel de exigencia extremo en contraste con una palmaria laxitud exhibida por la administración”. Además “este suplicio no responde a una utilidad o finalidad explicada, lo que redunda en la lógica desmoralización del profesorado que tiene la percepción de que tanto esfuerzo sólo sirve para rellenar las papeleras del Ministerio”.
“Más grave aún”, se denuncia, “es el hecho de que muchas de estas instrucciones se remiten sin estar sujetas a fundamento legal alguno, forma de proceder que supone un menoscabo del principio de autonomía de los centros, en los que tenemos la sensación, por momentos, de estar prácticamente intervenidos”.
En ese sentido se cita como ejemplo palmario “la injerencia en la gestión económica”, donde los directores estiman que la Administración se “extralimita” de forma “incomprensible” en “la aplicación de los mecanismos de fiscalización establecidos por la ley como si estuviéramos permanentemente bajo sospecha”.
El texto, casi en tono de súplica, termina destacado que “el sistema educativo local está afectado de un conjunto de problemas crónicos, reiteradamente diagnosticados, que hacen muy compleja y difícil nuestra labor” y resaltando que “demasiados problemas e inconvenientes nos vemos obligados a afrontar en nuestro quehacer diario, como para sufrir una presión tan absurda como estéril”.

“Nos obligan a apartarnos de nuestra misión”

Los directores de los centros y los sindicatos, y a través de ellos los docentes ceutíes, alertan al ministro en su carta de que “las consecuencias de todo lo que exponemos es que la administración nos está obligando a apartarnos de nuestra función esencial, que es la atención al alumnado, para dedicar gran parte de nuestra jornada laboral a rellenar documentos irrelevantes que en nada inciden en los procesos de enseñanza  aprendizaje”. El colectivo considera que las tareas administrativas, “que en ningún caso pretendemos esquivar”, se deben ejecutar “de una manera ordenada” y “en los periodos previstos para ello” con el fin de que “no interrumpan ni interfieran en la actividad fundamental del profesorado, respetando la autonomía de los centros, sujetas al marco normativo vigente, y procurando que obedezcan a objetivos identificables”.