El portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Popular (GPP) y senador por Salamanca, Bienvenido de Arriba, puso de manifiesto, este miércoles en el Pleno del Senado, en el debate del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que “la protección de la infancia es un objetivo prioritario para el Partido Popular (PP) y nunca vamos a renunciar a garantizar la especial protección de los menores en nuestro país”.
Este jueves concluyó el XXX Pleno del Senado en el se aprobaron dos leyes de suma importancia. Una de estas fue el debate del Proyecto de Ley Orgánica de la protección de la Infancia y la Adolescencia. Los senadores populares encargados de defenderlas fueron los portavoces del GPP fueron Carolina Agudo y Bienvenido de Arriba.
Una de las enmiendas fue aportada por el senador David Muñoz Arbona, ya que Ceuta y Melilla no venían en dicho proyecto legislativo. Esta fue aprobada por el hemiciclo y como manifiesta el senador Muñoz Arbona: “Es muy importante ya que a partir de esta enmienda ambas ciudades formarán parte de diferentes organismos y conferencias sectoriales en un ámbito tan importante como son nuestros niños y jóvenes”.
El interés superior del menor
En su intervención de miércoles, el senador Bienvenido de Arriba ha recordado que “una muestra de ese compromiso” es que, hace apenas seis años, se aprobaron dos leyes de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia, que “convirtieron a España en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, tal como recomendó la Organización de Naciones Unidas”.
Sobre este trámite de urgencia que el Proyecto sigue en el Senado y decretado por el PSOE, Bienvenido de Arriba ha señalado que se trata de un “escándalo, por la falta de respeto del Gobierno a esta Cámara”. Es una tramitación de urgencia en una ley tan relevante, que modifica textos legislativos como el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y así hasta 16 leyes; “una tramitación que acorta, que restringe los tiempos, sin plazos prácticamente, ni debates, ni nada de nada, no es admisible”, ha denunciado.
El PP considera necesario “mejorar este Proyecto de Ley Orgánica y para ello, hemos presentado más de 100 enmiendas, porque es una Ley que se debe hacer más accesible, inclusiva y garantista”, ha afirmado el portavoz popular de Derechos Sociales, para quien esta ley “debería reforzar la prevención, la sensibilización, la especialización, la detección y atención temprana, la asistencia y la protección de los menores frente a la violencia”.
Igualmente, ha puesto de manifiesto que debería “fortalecer la coordinación interadministrativa y proponer entornos seguros, libres de violencia contra la infancia”; y “estar impregnada por el diálogo civil para que las actuaciones y medidas que se establecen en ella cuenten con la cooperación de las organizaciones del Tercer Sector expertas en derechos de la infancia”.
“Todo eso es necesario que se incluya en la ley para que sus enunciados no se queden en papel mojado, al igual que, para que pueda ejecutarse y no quede en una mera declaración de buenas intenciones, es necesario que cuente con los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados”, ha espetado el popular a la bancada socialista. “Si los grandes enunciados de esta Ley no se acompañan, de un compromiso real de financiación, quedan en nada”, ha apostillado.
En otro punto de su intervención, el senador salmantino ha advertido que “no es buena la utilización partidista de los problemas y menos de los problemas de la infancia y la adolescencia frente a la violencia”, porque la utilización partidista, “como se ha querido hacer –ha mirado a la bancada de los grupos que sustentan al Gobierno-, no sirve a la finalidad de la Ley, sino que precisamente sirve al partidismo y no resuelve los problemas”.
“Si uno se guía por el partidismo, sucede que cuando se producen abusos sexuales a menores tutelados como en Baleares o en la Comunidad Valenciana, en lugar de buscar la protección de los menores, se busca la protección de los responsables de los partidos encargados de defender a los menores, y eso, no hay ley que lo arregle”, ha denunciado Bienvenido de Arriba.
Para terminar, el senador del PP ha querido agradecer su colaboración en la elaboración de esta Ley a las organizaciones, asociaciones y entidades del ámbito de la infancia, Colegios Profesionales y al Comité Español de representantes de personas con discapacidad, por el diálogo, las aportaciones y el interés mostrado en pro de la protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia.
Enmiendas del GPP a la ley
La senadora del PP por Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que ha intervenido en el turno de defensa de las enmiendas populares, ha asegurado que es importante “enriquecer una ley oportuna y necesaria para ofrecer un marco normativo a la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con el mayor ánimo de consenso y colaboración”. Así, ha puesto de manifiesto que el PP ha encontrado puntos de unión con distintos grupos parlamentarios para la incorporación de enmiendas transaccionales y apoyando otras enmiendas.
Igualmente, ha lamentado que desde el PSOE “sólo se hayan aceptado siete enmiendas del PP al dictamen, de las más de 100 presentadas”. De esto modo, Agudo ha señalado que la Ley “no deber ser limitada y por ello pedimos que recoja un sentido más amplio de violencia incorporando el matrimonio infantil o la extorsión sexual”.
Además, “pedimos garantizar la especial atención al colectivo que se encuentra en situación de vulnerabilidad, definir los entornos seguros, entre ellos en el ámbito digital para la protección y detección de la violencia on line contra el menor”, ha afirmado.
Igualmente, en sus enmiendas, el PP pide “reforzar la coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas con la Autoridad Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para una actuación eficaz en los ámbitos de prevención, detección y protección de la violencia sobre la infancia”.
También solicitan “el asesoramiento jurídico gratuito y la asignación de abogado de oficio en todos los casos en los que se intervenga porque la atención a las víctimas, además de ser integral debe ser especializada”. Otra enmienda del GPP va encaminada a evitar que los jóvenes abandonen sus estudios para asumir compromisos laborales o familiares no acordes a su edad, y otra, pide la creación de un fondo específico para la financiación de la figura del coordinador de bienestar y protección, ha detallado Carolina Agudo.
