Estoy seguro que el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha tenido que tener más de una conversación con responsables especialistas en circulación para intentar solucionar los problemas de tráfico en la N-352 cuando la situación es verdaderamente desastrosa. El hecho fronterizo se ha convertido, en los últimos meses, en una de las prioridades de las autoridades, de manera especial del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, aunque reconozca su incapacidad de poder tomar soluciones hasta que, de alguna manera, no terminen las obras que están previstas para dentro de unos años.
El mismo consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad le decía el otro día a Juan Luis Aróstegui que la situación fronteriza no es la misma de hace cuatro años, y lo hacía en referencia a su competencia que es la limpieza, pero lo extendía a otra multitud de conceptos, porque “no en vano hay un delegado con el agua al cuello”, en referencia a su compañero de partido Nicolás Fernández Cucurull.
Valga la introducción, porque soy de los que viene defendiendo que las obras de reforma de todo el sector fronterizo están muy bien, si alguien las ha aplaudido es quien escribe esta columna, pero también soy consciente de que como mínimo no tendremos nada hasta el año 2020. También hay que recordar que los proyectos que están financiados con fondos europeos tienen la posibilidad de retrasarse dos anualidades por encima del tope de la finalización del marco comunitario. Defiendo que es posible, de alguna manera, buscar alternativas de puertas para adentro. Y me ha sorprendido que en la reunión de la Junta Local de Seguridad que tuvo lugar en la jornada de ayer se habló por fin de algo, de alternativas, alternativas que al final deberán funcionar cuando comiencen las obras. Al menos, la inacción ya es menos inacción.
Lo que no se pueden quedar los políticos es con los brazos cruzados. La ciudadanía les exige soluciones y la solución no puede ser el remitirles a dentro de cuatro años como mínimo. No es serio y más de políticos que siempre se han considerado más gestores que políticos.