Encuadrado en el órgano de lo Penal número Uno, un juicio contra tres hombres acusados de incurrir en un delito contra la Administración de Justicia y cuya celebración estaba prevista para la mañana de ayer,
quedó finalmente suspendido toda vez que no compareciera –y previamente lo justificara– un perito que emitió un informe que pudiera resultar clave para esclarecer el caso. Así, a la espera de que se pueda celebrar el juicio, el Ministerio Fiscal pide para los tres acusados nueve meses de cárcel y una multa de 900 euros mientras que la Acusación Particular eleva la petición a dos años y a 1.800 euros.
