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SAMU vuelve a pagar a tiempo a su plantilla tras varios meses con retrasos

Fuentes de la plantilla han explicado que las nóminas de septiembre sí han sido transferidas dentro de los cinco primeros días del mes

La Fundación SAMU, que atiende a los menores extranjeros no acompañados acogidos por la Ciudad en los centros ‘Aljarafe’ y ‘Triana’ de Piniers y en los bajos de ‘La Esperanza’, ha vuelto a pagar a principios de este mes de octubre a tiempo a sus trabajadores en Ceuta tras varios meses con retrasos atribuidos a las demoras que a su vez había acumulado la administración local en sus pagos, que llegaron a rondar los dos millones de euros de mora.

Fuentes de la plantilla han explicado a este periódico que las nóminas de septiembre sí han sido transferidas dentro de los cinco primeros días del mes, tal y como prescribe el convenio colectivo de la entidad, que sigue prestando ese servicio bajo el amparo del decreto de emergencia firmado hace un año para responder a la situación excepcional generada por la permanencia en Ceuta de más de un millar de niños marroquíes sin compañía llegados durante la crisis migratoria de mayo.

Los empleados de SAMU en la ciudad, alrededor de un centenar, percibieron tarde sus retribuciones por primera vez a principios de julio, mes que el director del departamento jurídico de la Fundación cerró advirtiendo a la plantilla de que tampoco las cobrarían en tiempo y forma en agosto.

Esos meses la empresa pagó con algo de demora entre un 33% y un 50% de las remuneraciones y el resto a mediados de mes o incluso algo después.

En julio fue cuando la Ciudad empezó a regularizar sus pagos, pendientes desde principios de año. A primeros de septiembre el nuevo consejero competente, Alberto Gaitán, cifró en 740.000 euros las cantidades abonadas a SAMU desde que se había hecho cargo de la responsabilidad de Menores. Lo hizo justo después de que por primera vez alrededor de una treintena de trabajadores se movilizase ante el Palacio autonómico para denunciar su situación.

“No es un problema de tesorería ni de decisiones políticas, sino de aplicación de criterios técnicos que exigen transparencia y justificaciones adecuadas”, alegó el miembro del Ejecutivo local tras superar los reparos puestos previamente por la Intervención.

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