La consejera de Servicios Sociales del Ejecutivo local, Dunia Mohamed, llevará hoy a Comisión Informativa una propuesta de Reglamento de Ayudas al Alquiler y Alojamiento Alternativo que pretende actualizar la normativa vigente. Lejos del texto que se barajó hace tres años, que cercenaba duramente algunos de los derechos actualmente reconocidos (recortaba de 60 a 36 meses la duración máxima de la prestación, rebajaba de 700 a 600 el importe de las rentas mensuales de las viviendas arrendadas en una ciudad con los precios disparados y reducía a 350 la cantidad máxima de apoyo público), el nuevo articulado intenta compaginar dos aspectos clave en la aplicación de políticas hacia colectivos vulnerables: el rigor y la flexibilidad. Es acertado que el Ejecutivo abra la posibilidad de extender más allá de cinco años el pago de ayudas al alquiler en supuestos como los de mayores de 65 años solos sin recursos o de unidades convivenciales con enfermos graves o personas incapacitadas para trabajar sin alternativa posible.
Pero es igualmente atinado no retirar ningún tipo de límite al pago de prestaciones que se sufragan con el dinero de todos y que deben llegar a quienes realmente y más las necesitan. La Ciudad debe articular programas eficaces para ayudar a las personas beneficiarias a salir de su situación de precariedad con sus medios y esfuerzo, así como controlar que los perceptores no lo son indebidamente mediante triquiñuelas que debe ser capaz de detectar y que no sólo lo haga el entorno social de quienes las practican para descrédito de la administración.
