El Encuentro de Jueces de Menores organizado por la Escuela Judicial del CGPJ esta semana en la ciudad sirvió ayer para poner sobre la mesa, de la mano de la jefa del Servicio de Protección a la Infancia, medidas para responder de manera más eficaz al fenómeno de los niños migrantes no acompañados, que ha afectado de manera particularmente intensa a Ceuta durante los últimos años, sobre todo tras la crisis de mayo.
Entonces del Ministerio y todas las demás autonomías articularon el reparto de urgencia de 200 jóvenes que ya tutelaba la Ciudad Autónoma para soportar la extraordinaria presión que soportaba con los recién llegados, algo que también le ha pasado a Canarias y a Melilla, así como a Andalucía. El Gobierno central lleva meses prometiendo la articulación formal y normativizada de mecanismos similares a los que ayer reivindicó Palomo, basados en los principios constitucionales de solidaridad y corresponsabilidad. Urge que todas las administraciones se comprometan a poner en marcha un Plan de Contingencia para abordar las llegadas masivas que han colapsado sistemas de protección como el local, así como la creación de un mecanismo nacional de derivación con criterios claros y objetivos de reparto. En la “nueva etapa” que se abre en las relaciones entre España y Marruecos también sería importante incidir en la necesidad de que el Reino alauita se comprometa en la búsqueda de los familiares que migran solos hacia el norte arriesgando en muchas ocasiones sus vidas para, velando por su interés superior, intentar ofrecerles soluciones duraderas de reagrupación o acogida en su país de origen de acuerdo con los principios de la Convención firmada por los dos Estados. Además, es necesario mejorar sin caer en la criminalización de los menores, las políticas vigentes de acogimiento (familiar o residencial), integración y transición a la vida adulta como país avanzado y respetuoso con los compromisos internacionales que ha adquirido que debe ser España.
