Responsabilidad como servicio público

Ayer se produjeron dos novedades importantes en relación con la anunciada huelga de limpieza que comenzaría en las mismas puertas de la Semana Santa y que duraría los nueve días completos.

Por un lado, el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, vino a señalar que el Ejecutivo de Vivas estaría dispuesto a intermediar en el conflicto entre la patronal y los trabajadores si así se lo pidieran las dos partes, pero además añadió que no están en condiciones de poner ni un euro más encima de la mesa, porque ya el margen que tenía de incrementar el contrato que en su día firmaron con la empresa Trace se agotó en el momento en que se realizó el expediente de modificación y se subió cerca de un millón y medio de euros más la aportación anual por parte del Gobierno. El segundo de los temas que también fue noticia era la convocatoria urgente que la empresa Trace ha realizado a los representantes de los trabajadores para sentarse nuevamente alrededor de una mesa e intentar llegar a un acuerdo. No olvidemos que la negociación se había roto por parte del comité de empresa desde el momento en que adivinaron que no existía la posibilidad de seguir avanzando y decidieron iniciar los pasos obligatorios para convocar esta huelga de nueve días.
De todas maneras, lo cierto es que nos encontramos ante uno de los servicios públicos, cuya competencia tiene la Ciudad Autónoma, que resulta más importante para la calidad de vida de los ciudadanos y también para la imagen de una población. Las huelgas de limpieza suelen ser nefastas en todos los sentidos.
Por tanto, a partir de esa condición de servicio público y reconociendo el derecho a la huelga que tienen todos los trabajadores para defender sus derechos, es necesario pedir un poco de cordura a todas las partes en el conflicto, comenzando por la misma empresa y siguiendo por los representantes de los trabajadores y sin olvidarnos de la Ciudad Autónoma, porque una cosa es que no vaya a poner ningún euro más encima de la mesa, pero cosa bien distinta es que no pueda intervenir para lograr que todos se pongan de acuerdo, porque, al final, los perjudicados serán los ciudadanos.