Remigración

En los años 60 cientos de miles de españoles emigraron en busca de una mejor vida a países de Europa y América, incluso más allá. Mis padres fueron unos de ellos. La primera vez que mi padre lo intentó, yo tenía apenas tres años. La forma que escogieron fue viajar en helicóptero “turístico” cruzando la frontera belga con la de Alemania. La policía alemana los interceptó y los devolvió a España. Mi padre perdió todos sus ahorros, según me explicó. Pero lo siguió intentando, hasta que lo consiguió, permaneciendo 30 años en aquel país. Yo estuve con ellos algunos años. Tengo recuerdos imborrables. Por eso me niego a que se hagan injustas generalizaciones mezclando inmigración y delincuencia.

España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes. Así, según datos del Ministerio de Trabajo, en 1970 había un total de 3.359.035 trabajadores españoles trabajando en el extranjero, de los que 2.163.419 estaban en Iberoamérica y 1.073.177 en Europa. El número de empadronados extranjeros a 1 de enero de 2006 se elevaba a 3.730.610 (542.314 en 1997), lo que representa un 8,46% de la población total (1,38% en 1997). De estos se encontraban con permiso de residencia en dicha fecha 2.738.932 (2.305.318 tenían entre 16 y 64 años), y afiliados a la Seguridad Social 1.461.140. De hecho, la inmigración había pasado a ser el principal problema de preocupación de los españoles en esos años, según la encuesta de septiembre de 2006 publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Si comparamos los datos de la inmigración en España en la década de 1992 a 2003 con los del resto de países de la Unión Europea se observa que fue nuestro país el que más incremento medio anual tuvo, situándose en el 11’8% de media, seguido de Portugal con el 10’37%, Finlandia con el 6’5%, Italia con el 6’45%, o Irlanda con el 5’8%, mientras que tuvieron incremento negativo Bélgica, Holanda y Suecia.

Entre las causas de aquél importante crecimiento se apuntaban dos, a saber, que España había tenido un crecimiento económico que había generado empleo de manera constante desde 1994, pasando de unos 12 millones de empleo en 1993 a más de 17 millones en 2004, por un lado, y por otro, por el efecto del denominado “baby-boom”, que ya se veía venir desde 1978, cuando las mujeres españolas de entonces tenían más de 50 años. Es decir, que la crisis de oferta de nuestro mercado de trabajo estaba siendo cubierta por la inmigración, legal e ilegal.

Algo parecido ocurre en la actualidad. En España viven más de nueve millones de personas nacidas en otro país, de los que un 30% tienen nacionalidad española. Estos extranjeros rejuvenecen la pirámide de población española y son un motor de trabajo. En mayo de este año, los trabajadores con nacionalidad extranjera superaron los 3 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que hace que representen un 14% del total de trabajadores. Fundamentalmente trabajan en hostelería y construcción.

En este contexto, plantear lo que se denomina “remigración”, término que significa el regreso de personas migrantes a sus lugares de origen, pero efectuado de forma masiva e ilegal, nos recuerda a tiempos del pasado fascista y nazi de Europa. La excusa es su falta de integración en nuestra cultura y el peligro de nuestra desaparición como pueblo.

En mi tesis doctoral, con datos de todas las regiones españolas, desde los años 90, conseguí demostrar que no había correlación estadística alguna entre la inmigración irregular y el incremento de la delincuencia. Actualmente trabajo en actualizar dicho estudio. Las primeras estimaciones me vuelven a negar dicha correlación.

Ni vamos a perder nuestra identidad como pueblo, ni nada que se le parezca. La emigración, como ocurrió en la Europa de los años 60, servirá para hacer crecer nuestra economía y para enriquecer nuestras culturas. Lo que ocurre es que a la extrema derecha le da votos atacar a los más débiles.