El paso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 por el Senado tendrá para Ceuta gran importancia, no solo por la trascendencia que cada ejercicio tiene de por sí el documento para todos los territorios de España, superior en el caso de la ciudad por sus singularidades, sino esta vez también porque los partidos con representación en la Cámara alta deberán retratarse sobre la posibilidad de cambiar o no la Ley de Sociedades en el sentido en que lleva años reclamándolo el Ejecutivo local supuestamente con el respaldo del PSOE, actualmente en La Moncloa.
La posibilidad de incrementar el número de sectores potencialmente interesados en radicarse en Ceuta y crear empleo más allá del ligado directamente al juego en línea, que ha generado medio millar de puestos de trabajo directos en menos de un lustro gracias a las ventajas impositivas introducidas para las ciudades autónomas en 2018, no puede convertirse en otra eterna cantinela que nunca llegue a ningún lado.
En un momento de encrucijada histórica como el actual para Ceuta, que espera consolidar un nuevo modelo de desarrollo más estable, próspero y seguro cuanto antes tras las agudas crisis sufridas durante los últimos tiempos, todos los partidos están obligados a aclarar su posición al respecto y explicar si la modificación reclamada para extender las bonificaciones sin exigir el traslado completo de las empresas o el cierre de su ciclo mercantil aquí es o no viable política y presupuestariamente.
La votación y los argumentos que la sostengan debe ser objeto de análisis con rigurosidad y transparencia.
