El 16 de julio de 2019 un incendio del que nadie supo la autoría terminó calcinando varios coches en el
puerto de Ceuta, en concreto en la zona ubicada frente a la Compañía Fiscal.
Lo que se conoce como punto restringido no lo es cuando pueden producirse este tipo de sucesos que traen consecuencias más allá de las propias pérdidas.
El dueño de uno de esos coches, un
modelo Audi valorado en más de 51.000 euros, se vio de la noche a la mañana con su propiedad destrozada por culpa del funcionamiento anormal de una
Justicia que no ofreció los cuidados debidos a los bienes que están bajo su protección al encontrarse intervenidos.
Tres años después de iniciarse un expediente de responsabilidad patrimonial que ha sido presentado por el abogado Mario Gil Pacheco, se logra que el Consejo General del Poder Judicial reconozca en un informe que, efectivamente, “se ha producido un funcionamiento anormal de la administración de Justicia en la medida en que no cumplió con las obligaciones de custodia y conservación que implica la intervención y depósito de los bienes afectos al procedimiento judicial”.
Ahora se tendrá que atender la reclamación cursada en beneficio del afectado, siendo la administración la responsable ya que, fruto de la investigación abierta por la
Guardia Civil en su día, no se dio con autor alguno de esa quema y por tanto con responsable de los hechos.
El letrado del perjudicado presentó la petición para reclamar una indemnización por ese mal funcionamiento de la Justicia, consiguiendo que se le dé la razón al ser evidente que no se cumplió con las labores de custodia.
Aquella mañana del 16 de julio quedaron calcinados varios vehículos en un suceso provocado. El foco estuvo en uno y de ahí las llamas se extendieron a varios, en total cuatro coches quedaron destrozados o seriamente dañados.
En el caso de marras, el Juzgado ordenó la destrucción del coche debido a su estado.
En la reclamación cursada por el abogado Mario Gil Pacheco, se pone de manifiesto que “hubo un funcionamiento anormal de la administración de Justicia en la medida en que no se cumplió con las obligaciones de custodia y conservación que implica la intervención y depósito”, lo que terminó materializándose en la pérdida del coche.
La norma es clara: los daños causados por un error judicial o por el funcionamiento anormal de la Justicia dan derecho a una indemnización a cargo del Estado. El vehículo calcinado estaba precintado, intervenido y en dependencias públicas que deberían reunir las mínimas garantías de seguridad. Es evidente que no existió esa protección sobre un bien ajeno que tiene que estar custodiado.
Cuando se producen daños en coches intervenidos judicialmente y se incumple ese deber de conservación, se está produciendo un “funcionamiento anormal de la administración porque esos depósitos deben cumplir una finalidad pública al servicio del proceso para asegurar el bien, ya que puede ser un elemento para dilucidar las eventuales responsabilidades concurrentes como es el caso de las piezas de convicción, o porque pueda representar un activo valioso para hacer frente a responsabilidades patrimoniales”, recoge la comisión que ha estudiado el caso y que verifica esa anormal protección judicial.
Los depósitos sin cuidado, una mala práctica
La quema de vehículos intervenidos no es algo ocasional. Ceuta ha registrado varios incidentes en el puerto de destrucciones tanto de coches como de embarcaciones que, estando en zona restringida y bajo intervención y supuesta protección judicial, han terminado ardiendo. Un bien intervenido debe estar cuidado porque puede requerirse su examen y análisis en el ámbito judicial. Las consecuencias de estas malas prácticas, de esa dejación, llevan a este tipo de situaciones. El perjudicado es el dueño del bien que no puede controlarlo porque está intervenido pero tiene todo el derecho a exigir que esté en las mismas condiciones en las que lo dejó.