El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha reaccionado este martes a la apertura por parte del Ministerio de Hacienda de las negociaciones bilaterales con las comunidades autónomas para reformar el sistema de financiación, reclamando un tratamiento singular para Ceuta y advirtiendo de que la Ciudad queda fuera del reparto principal al no tener la condición de comunidad autónoma.
El ministerio que dirige Arcadi España remitió este lunes una carta a todas las consejerías de Hacienda de las comunidades de régimen común y de las ciudades autónomas para concertar reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que la reforma se apruebe antes de que finalice el año y entre en vigor el 1 de enero de 2027.
Las reuniones serán conducidas por el propio secretario de Estado, Jesús Gascón, y podrán celebrarse de forma presencial o por videoconferencia según la disponibilidad de cada territorio.
Un debate que debe pasar por el Consejo Fiscal
Ramírez ha sido claro en su posición: desde Ceuta se defiende que este tipo de decisiones no deberían negociarse de manera bilateral entre el Gobierno central y cada territorio, sino en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que están representadas todas las comunidades autónomas, el Gobierno central y las propias ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
"Creemos que es el órgano donde deben tomarse este tipo de decisiones, sobre todo por una cuestión básica de solidaridad entre las diferentes comunidades y ciudades autónomas", ha subrayado el vicepresidente, quien ha insistido en que abordar la reforma de manera bilateral puede generar desequilibrios y dejar fuera a territorios que también tienen intereses legítimos en el debate.
La promesa del secretario de Estado
Más allá de la cuestión de procedimiento, Ramírez ha recordado un compromiso adquirido por Gascón en su última visita a Ceuta.
En aquella reunión, el secretario de Estado trasladó que, aunque la Ciudad no participa directamente en la financiación autonómica, el incremento que se produzca para las comunidades tendría algún reflejo para Ceuta y Melilla en forma de tratamiento singular y compensación específica, en un porcentaje acorde a la dimensión de ambos territorios.
Una promesa que Ramírez no quiere que quede en el olvido ahora que las negociaciones arrancan formalmente y que el vicepresidente está dispuesto a defender en todos los foros posibles.
La Ciudad, ha recordado, no puede quedar al margen de un proceso que redistribuirá decenas de miles de millones de euros entre los distintos territorios del país.
Educación, otra asignatura pendiente
El vicepresidente aprovechó también para ampliar el foco y reclamar que la revisión del modelo sirva para abordar otras cuestiones estructurales pendientes en el caso de Ceuta, especialmente en materia educativa.
Ramírez considera que el Estado podría compensar y ayudar financieramente a la Ciudad en competencias educativas que son de titularidad estatal, una situación que genera una desigualdad respecto a los territorios que sí tienen transferidas esas competencias y que, a su juicio, debería corregirse en el marco de esta reforma.
"Creemos que es un buen momento para que, al mismo tiempo que se revisa la financiación autonómica, se aborden estas cuestiones que consideramos factibles en el caso de Ceuta", ha concluido.
El modelo en cifras
El nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno permitiría incrementar los recursos autonómicos en 20.975 millones de euros, elevando el total distribuido en 2027 hasta los 224.507 millones, frente a los 152.484 millones que las comunidades recibieron en el último año liquidado.
El modelo incluye una población ajustada con criterios más precisos, mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal, el refuerzo de la solidaridad interterritorial y una garantía de statu quo para que ningún territorio reciba menos que con el sistema anterior.
Se suma además un fondo específico para hacer frente al cambio climático y la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.
