En diversas antologías del comportamiento de asesinos en serie, se incluye un caso en el que el culpable de haber apuñalado a una decena de víctimas, esgrimía impertérrito ante el tribunal que no comprendía ni su enjuiciamiento ni el revuelo mediático organizado tratándose de un acto de insignificantes consecuencias para la humanidad. Alegaba en su defensa que el porcentaje que representan diez personas sobre el total de individuos vivos de la especie humana (alrededor de seis mil quinientos millones) resulta prácticamente imperceptible. Una explicación tan plausible aritméticamente como estremecedor emocionalmente.
Lo realmente lamentable es que este modo de interpretar la realidad no es privativo de un psicópata. Bien al contrario, se extiende paulatina e inexorablemente en un mundo cada vez más sojuzgado por la dictadura de los números.
La consecuencia inmediata es el desvanecimiento de los principios, y el riesgo inherente es la construcción de una sociedad sin fundamentos éticos moviéndose al pairo de cada coyuntural contable.
Los principios, ni se miden ni se cuantifican. Son, por naturaleza, universales, inmutables, indivisibles e incondicionales, so pena de convertirse en intereses y, por tanto, carecer de capacidad para articular y cohesionar el espacio común de convivencia. Ejemplo.
Un político se apropia de dinero público para pagar sus gastos particulares. ¿Es recriminable su conducta en función de la cantidad de dinero robada? ¿Se debe tolerar si es una cantidad pequeña? Las respuestas deberían entrar en el terreno de lo obvio, y sin embargo, en estos momentos no parece estar tan claro para un sector de la sociedad en inquietante aumento.
El Gobierno de nuestra Ciudad, imbuido del espíritu de su Presidente, actúa como un fiel militante de esta nueva línea de pensamiento, que supone en la práctica la renuncia al comportamiento ético en la gestión de los asuntos públicos, sacrificado en aras al resultado electoral. En el pasado pleno celebrado en la Asamblea, hasta en tres ocasiones utilizaron idéntico recurso dialéctico para justificar sus desmanes.
Uno. Según datos facilitados por el Gobierno, en el año dos mil diez, gastaron más de dos millones de euros en publicidad (sin contar el coste de las televisiones locales, superior a tres millones). Una inmoralidad en la Ceuta de los once mil parados, máxime si tenemos en cuenta que para el fomento del empleo, invirtieron la irrisoria cantidad de trescientos mil euros. Lo intentaron dulcificar argumentando que tal despilfarro supone “sólo” el cero con ocho por ciento del total de gastos. Ya se queda uno mas tranquilo.
Dos. El juzgado ha fallado en contra del Ayuntamiento por autorizar a la Cámara de Comercio a construir una nave en “zona verde”, aduciendo que era imposible hacerlo en ningún otro lugar (para mayor sarcasmo, el propio Gobierno compraba a los pocos meses otra nave para la misma finalidad).
La gravedad del incumplimiento del PGOU, precisamente por quienes tienen la obligación de velar por su cumplimiento, la han soslayado diciendo que el Ayuntamiento dicta catorce mil resoluciones al año, así que “fallar” en una, arroja un porcentaje muy favorable de aciertos. Maravilloso.
Tres. Interpelados acerca del gasto en flores, contestaron que ascendió el pasado ejercicio a doscientos cincuenta mil euros. Una barbaridad en una Ciudad que presenta uno de los mayores índices de pobreza de nuestro país. Para mitigar el impacto de tal dispendio, lo pusieron en relación con los metros cuadrados adornados (según ellos). Al final, una ganga.
Para quienes han hecho de la política su profesión, siempre hay un porcentaje amigo capaz de hacer lo blanco negro.
