Hace un mes la ONU alertaba en su último informe de que el cambio climático mermará los avances logrados en el desarrollo humano. La pasada semana Greenpeace señalaba a las compañías que estaban interfiriendo en la negociación climática internacional. Mientras tanto, la Comisión Europea presentaba una nueva definición de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como la “responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”, indicando que para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respecto de los derechos humanos en sus operaciones y estrategia básicas, a fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas y maximizar la creación de valor compartido.
Lo que la ONU advierte es del riesgo de que muchos países, sobre todo los más pobres, retrocedan en los avances logrados en las últimas décadas en calidad de vida (un 82% de avance en índice de desarrollo humano –IDH- entre 1970 y 2010). La causa principal: el deterioro del medio ambiente. Es lo que señala Bill Orme, director del informe independiente de la ONU, afirmando que la “sostenibilidad es un asunto de justicia social, no sólo un tema ambiental”, sin que para ello la crisis económica deba utilizarse como excusa, pues vivir en un ambiente saludable es un derecho, no un privilegio. De ahí la importancia, según los relatores de la ONU, de integrar la igualdad social en las políticas medioambientales. No es casualidad que la mitad de los casos de desnutrición en el mundo se deban a factores medioambientales, como la escasez de alimentos por las sequías o por la contaminación del agua.
Sin embargo, a escasas semanas de esta advertencia, Greenpeace señalaba en su informe sobre medio ambiente, a empresas de la industria intensiva en carbono como las que están obstaculizando la puesta en marcha de la legislación contra el cambio climático, empleando para ello diversas estrategias de presión, como la utilización de asociaciones industriales y comités asesores, negando la existencia del cambio climático, diseñando campañas publicitarias para confundir a la opinión pública y realizando donaciones a partidos políticos o a políticos individuales que niegan la existencia de dicho cambio. En concreto nos hablaban de las industrias más contaminantes del mundo, como Eskom, BASF, ArcelorMittal, BHP Billiton, Shell y Koch Industries. Y también de países como Estados Unidos, en el que se invierten anualmente unos 3,5 millones de dólares en grupos de presión, a la cabeza de los cuales está la Cámara de Comercio de ese país. Frente a esto no queda otro camino que seguir profundizando en la gestión responsable y animando a las empresas progresistas, como hace Geempeace, a que sigan trabajando para asegurar las políticas nacionales y los acuerdos climáticos internacionales que mantengan al mundo lo más lejos posible del temido límite de los 2 o C de calentamiento global.
Uno de los grandes retos a los que se tendría que hacer frente en España en los próximos años, sería la profundización en la cohesión social. Según datos de Eurostat, la desigualdad de ingresos entre los españoles ha llegado a su punto más alto desde 1995. Junto a ello, el 21,8% de la población está en riesgo de exclusión social (jóvenes, parados de larga duración, mayores de 50 años, mujeres, inmigrantes). A esto hay que unir la crisis del crédito, provocada por la codicia de los bancos, la asfixia del gasto social y los casi cinco millones de desempleados de nuestro país. Por ello, una de las prioridades del gobierno de España y de todas las fuerzas políticas y sociales para los próximos años debería ser la creación de empleo. Y para ello, nada más desaconsejable que la contracción del gasto público y la inversión, la disminución del gasto social y el fomento de las desregulación de las condiciones laborales. Eso sí, evitando gastos e inversiones despilfarradores e improductivos, fomentando la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y racionalizando los gastos de las Administraciones Públicas.
En estas circunstancias, profundizar en la gestión socialmente responsable, tal y como recomienda la Comisión Europea, puede ser uno de los caminos más seguros. De esta forma nos podremos adaptar al cambio sin excesivos traumas y superaremos la crisis económica y financiera de manera más duradera. Pero para ello debemos implicarnos todas las partes interesadas, huyendo de posturas maximalistas, y buscando el consenso y la negociación. Lo contrario no hará más que profundizar en nuestras diferencias y nos conducirá, irremediablemente, al agujero negro de la depresión económica y social.
