El Defensor del Pueblo ha afeado la escasa colaboración que ha encontrado en algunas comunidades autónomas, entre ellas Ceuta, por demorarse en responder los requerimientos de este órgano o incluso no llegar a hacerlo.
Los expedientes de queja que han tramitado son 43 en 2024, un poco menos que los 53 de 2023, tal y como se recoge en este informe publicado ayer y en el que se recuerda que la ley vigente obliga a las administraciones a responder al Defensor sobre la información que precisa para sus actuaciones.
Ceuta, junto con Extremadura, Canarias y Comunidad Valenciana, son consideradas “poco colaboradoras”.
Son casos en los que la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.
En estos supuestos, el Defensor del Pueblo puede declarar al órgano o unidad administrativa concernida de hostil o entorpecedora de sus funciones.
En el caso de Ceuta se hizo una actuación de oficio por el realojo y erradicación de un asentamiento de chabolas e infraviviendas, a la vez que se solicitó información con motivo de la falta de respuesta a una reclamación por la lectura de información de consumos y la gestión del servicio eléctrico.
La singularidad, para bien, de la cárcel
En su informe, tras haber girado visitas a distintos centros penitenciarios del país, el Defensor destaca la excepción, por positivo, que representa el de Ceuta ya que “es pionero en la puesta en práctica de Recomendaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) sobre la transversalidad del género”.
Es algo que no se da en otras prisiones, pero en la de Mendizábal se indica que se han subsanado las carencias en materia de género “con una actuación proactiva, protocolos de referencia y medidas temporales de compensación, de acuerdo con la Ley 15/2022, 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin olvidar la necesaria individualización”.
“Prueba de ello es que es destacada en el mencionado informe de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)”, recoge en su informe el Defensor.
En otras cárceles se produce una invisibilización de las niñas, mujeres y personas LGTBI privadas de libertad.
De hecho, el Defensor recoge en el informe que el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) comprobó en el marco del programa una homogeneización de la intervención sin atender a las diferencias por razón de género que invisibiliza sus circunstancias y particularidades.
Mujeres en prisión, sin cambios para tener a sus hijos
Sobre la situación de las mujeres en la prisión, en el informe se indica que desde hace seis años, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) alega motivos informáticos para la falta de aplicación de información clave para la visibilización de derechos de las mujeres presas, cuyo ejercicio no solo es prioritario, sino, además, anterior a la contratación de las aplicaciones informáticas por parte de la Administración.
Los motivos informáticos aducidos hacen inviables, entre otras, las siguientes recomendaciones, aceptadas, pero no materializadas: incorporación de la variable de hijos menores dependientes en la recogida informática de datos de las mujeres presas, desglosando la edad de los mismos, y si se encuentran a cargo de un familiar o de protección de menores; revisión con enfoque de género de la aplicación de los medios coercitivos; diagnóstico de salud que sirva de marco para la intervención multiprofesional sobre la salud de las mujeres internas, abordando los problemas de salud prevalentes; protocolo para la detección e intervención en materia de violencia de género como problema biopsicosocial, proporcionando atención multidisciplinar médica, psicológica y social.
Asimismo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias carece, por motivos informáticos, de explotación de datos sobre el número de mujeres presas con hijos menores de tres años, del número de embarazadas de más de seis meses hasta el 2022, de aplicación estadística del número de mujeres de minoría gitana o de medidas de compensación arbitradas para contrarrestar la desigualdad que supone la mayor distancia de las mujeres respecto de su lugar de residencia con respecto a los hombres, que afecta a la economía y salud de las mujeres.
En MNP formuló una Recomendación para que se garantice que las madres presas en los archipiélagos canario y balear, así como en las ciudades de Ceuta y de Melilla dispongan de instalaciones adecuadas para el cumplimiento de su condena con sus hijos menores de tres años en prisión.
En 2024 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias informó de la finalización de las obras a tal efecto en el Centro de Inserción Social de Tenerife. Por otro lado, no hay previsión de llevarlas a cabo en Ceuta y Melilla, tal y como lamenta el Defensor.
