El Partido Popular ha denunciado este sábado la situación sanitaria “límite” que atraviesa Ceuta, que lleva ya trece días consecutivos sin ningún psiquiatra en activo, según ha alertado el Sindicato Médico en una carta enviada a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Desde el PP acusan al Gobierno central de “abandono sanitario” y responsabilizan directamente al Ejecutivo, recordando que la ciudad autónoma no tiene competencias sanitarias y depende del Ministerio de Sanidad a través del Ingesa. “Estamos ante una situación límite, una emergencia sanitaria que el Gobierno socialista no puede seguir ignorando”, afirman en su comunicado.
“El Gobierno no puede dejar a los pacientes sin asistencia ni un solo día más”, denuncia el PP, que considera “inaceptable” que la única respuesta oficial haya sido derivar a los pacientes a la península o atenderlos por teléfono, mientras se cancelan consultas y se dejan sin cubrir las urgencias psiquiátricas.
Los populares se suman así al llamamiento del Sindicato Médico para que el Ejecutivo actúe de forma inmediata y movilice todos los recursos disponibles, incluidos los sanitarios militares. A su juicio, “la salud mental es tan prioritaria como cualquier otra área médica, y el Gobierno debe garantizarla con todos los medios a su alcance”.
Además, recuerdan que hace más de un año el Ejecutivo declaró a Ceuta zona de difícil cobertura sanitaria, pero aseguran que “no ha puesto en marcha ni una sola medida efectiva derivada de ese decreto”.
"Ceuta está desamparada. También ahora en materia de salud mental. No se puede dejar a los pacientes sin asistencia ni un solo día más", denuncian los populares.
Ante esta situación, el Partido Popular ha planteado tres demandas concretas: el envío inmediato de especialistas que cubran el servicio de psiquiatría, un plan estructural para atraer y retener médicos en la ciudad, y la presentación de iniciativas parlamentarias en el Congreso y el Senado para que la ministra de Sanidad explique qué medidas piensa adoptar.
“Ceuta no puede seguir esperando soluciones que nunca llegan. Esta situación vulnera derechos fundamentales y retrata con crudeza la incapacidad del Gobierno para garantizar una atención sanitaria digna en todo el territorio nacional”, concluyen.
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