El debate sobre el ambicioso proyecto de construir un túnel submarino que una España y Marruecos bajo el Estrecho de Gibraltar ha dado un giro importante esta semana con la movilización del sector de consultoras e ingenierías privadas. Estas asociaciones han presentado un recurso contencioso‑administrativo argumentando que los trabajos vinculados a los estudios del túnel deberían haberse licitado de forma abierta y competitiva, en lugar de adjudicarse directamente a la ingeniería pública Ineco.
Según estas consultoras, representadas por la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CÍES), el encargo de asistencia técnica para el proyecto —que pretende conectar Europa y África mediante una infraestructura férrea bajo el mar— debería haberse sacado a concurso para abrir la participación de empresas privadas especializadas, algo que, sostienen, fortalecería la calidad técnica y la transparencia del proceso.
Las críticas se centran en el encargo específico realizado por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA) a Ineco, por un contrato cercano a los 962.000 euros, que incluye fases de estudio previo y adaptación de resultados para el anteproyecto del túnel.
Las consultoras han solicitado al Juzgado Central de lo Contencioso‑Administrativo de Madrid la suspensión cautelar del contrato actual y su sustitución por un procedimiento que permita la concurrencia de más empresas.
Este impulso legal se produce en un momento en que el proyecto, largamente debatido y objeto de estudios desde hace décadas, ha avanzado técnicamente. Un estudio reciente sostiene que la construcción del túnel es técnicamente viable con la tecnología actual, aunque con retos técnicos y financieros considerables por delante.
El túnel entre España y Marruecos, cuya idea se remonta a finales del siglo XX, ha ido ganando relevancia técnica en los últimos años tras estudios que estiman la viabilidad técnica del proyecto y barajan un coste de miles de millones de euros, así como un largo periodo de ejecución.
A pesar de ello, las asociaciones privadas insisten en que la adjudicación directa de los estudios limita la competencia y puede afectar al desarrollo óptimo de la infraestructura.
La obra, concebida para conectar el sur de la península ibérica con el norte africano mediante un túnel ferroviario bajo el mar, se proyecta como una pieza clave en la integración de redes ferroviarias europeas y norteafricanas, con posibles efectos económicos y geoestratégicos de gran alcance, aunque salva obstáculos técnicos por su complejidad geológica.
Frente a estas exigencias de apertura y transparencia, los defensores del procedimiento actual argumentan que un encargo directo agiliza los plazos técnicos en una fase crucial de estudios y análisis.
Sin embargo, la presentación de este recurso judicial plantea un nuevo frente en torno a la gobernanza del proyecto y la participación del sector privado en infraestructuras de gran envergadura.
El caso sigue su curso en los tribunales, y la demanda de las ingenierías podría marcar un precedente en la forma en que se adjudican los contratos de ingeniería en proyectos de alta complejidad como el del túnel del Estrecho. Si prospera, obligaría a replantear el modelo de contratación de los estudios técnicos y favorecer la concurrencia competitiva en fases clave del proyecto.
El desenlace de este recurso judicial podría marcar un precedente histórico y significativo en la forma en que se adjudican contratos de gran envergadura en España, especialmente en infraestructuras estratégicas. Mientras tanto, el Gobierno y las consultoras mantienen posturas enfrentadas, y el debate sobre transparencia, competencia y eficacia técnica seguirá centrando la atención sobre el futuro del túnel del Estrecho.
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