El abogado de las exconsejeras de Fomento y Asuntos Sociales del Gobierno de Ceuta, Susana Román y Rabea Mohamed, procesadas en el ‘caso Emvicesa’, ha alegado este martes en la segunda sesión de la vista oral de la macrocausa que en la misma “no hay perjudicados directos” y que, por tanto, no hay legitimación para mantener personada a la acusación particular que ejercen catorce personas incluidas en la 'lista fantasma' de las 317 VPO. Así, ha solicitado su “expulsión” del proceso con el respaldo de la práctica totalidad del resto de defensas.
Según Javier Izquierdo, con su inclusión se está vulnerando entre otros el derecho a un juicio justo de sus representadas, pero no solo, ya que mantiene congelados 6 millones de euros de la Ciudad como garantía frente a una posible condena a indemnización civil.
“Su único mérito es haber aparecido en una lista publicada en un medio como adjudicatarios que nunca fueron de unas viviendas”, ha explicado el letrado, que opina que “en todo caso no serían los perjudicados por nada, sino los beneficiarios de un supuesto delito en el caso de haberse completado el mismo”.
El auto de procedimiento abreviado que cerró la instrucción apunta, de hecho, que la supuesta organización criminal liderada por López “entregó (que se haya podido acreditar) viviendas de la promoción 170 de Loma Colmenar y lo intentó respecto de la conocida como lista fantasma de las 317 viviendas (que quedó frustrado por su cese), previo pago de precio por parte de aquellos particulares que , bien por necesidad, o bien por puro interés económico”.
La defensa de las que fueran miembros del Ejecutivo local opina que lo único que busca la acusación particular es dinero, concretamente los 10 millones de euros que solicita como indemnización con la Ciudad como responsable civil directa, que también saldría del procedimiento de la mano de la acusación particular.
Esta última, que en caso de ser popular tendría que depositar una fianza (y arriesgarse a perderla) para continuar en el procedimiento, atribuye a Román la comisión de delitos continuados de prevaricación, falsedad documental y malversación. A Rabea Mohamed, como a Mohamed Ali, no les endosa el segundo, pero sí uno de tráfico de influencias.
“No existen perjudicados, víctimas u ofendidos”, ha reiterado el letrado, que ha destacado que ni la propia acusación particular es capaz en sus escritos de ponerles nombre o explicar por qué tendrían esa condición. “Si aceptamos que lo serían por haber estado en aquella lista estaríamos obligados a ofrecer ejercer acciones a todos los incluidos en la misma, algo que no se ha hecho y que podría derivar incluso en la nulidad de este proceso”, ha expuesto Izquierdo antes de alertar del “conflicto de intereses” en el que a su juicio está el letrado de la acusación particular, Manuel de Prado, cuando, al mismo tiempo, defiende a dos acusados, uno según él.
“Es curioso que no acuse a nadie por cohecho, como su posición sobre las solicitudes de nulidad de diferentes autos y diligencias de investigación, a las que se ha opuesto con independencia e indiferencia aunque pudiesen ser beneficiosos para sus dos defendidos”, ha puesto de relieve en su apelación a la Sala para que “tutele” el correcto ejercicio del derecho a la defensa de todos los procesados.
La Fiscalía ha opinado que quienes pagaron por una casa “tienen derecho” a intentar probar la existencia de un perjuicio, pero también ha advertido que cualquiera podrían hacerlo como ejerciendo la acción popular.
"Esto es un mini golpe de Estado"
De Prado ha defendido que puede defender a un acusado y, al mismo tiempo, ser acusación particular: “No es una cuestión ética, sino legal”. “Mis representados aspiraban a ser beneficiarios de una vivienda de protección pública con las que algunas personas están acusadas de organizar un negociete”, ha resumido el letrado gallego, que se ha dicho sorprendido por el ataque de “honradez” de algunos de sus colegas.
“Sí hay perjudicados por los presuntos delincuentes que ocupaban cargos públicos y se han burlado de ellas, personas que ganaban mil euros y han tenido que pagar 15.000”, ha alegado en defensa de los acusados por cohecho antes de preguntarse si “se va a hacer Justicia o esto es una broma”. “Nos enfrentamos a un mini golpe de Estado”, ha repudiado el comportamiento de las demás defensas.
