La denuncia de Román, entre una causa nueva y la pieza principal

La persona titular del Juzgado de Instrucción de guardia que el pasado miércoles recibió la denuncia presentada por la exconsejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román, contra la exgerente de Emvicesa y actual titular de Hacienda en el Ejecutivo local, Kissy Chandiramani, por presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa en su modalidad de fraude procesal durante la instrucción del ‘caso Emvicesa’ no solo deberá decidir si la admite a trámite o no, sino también en el primer caso si incoa diligencias propias o deja el asunto en manos de la Audiencia.
Según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, es posible tanto pensar en que se aprecie una cuestión de “prejudicialidad”, es decir, que el meollo del asunto ya está bajo la lupa de la Justicia, y derivar la denuncia a la Audiencia como parte de las cuestiones previas de la pieza principal que se prevé analizar el 24 de octubre.
En caso de que se opte por iniciar diligencias propias, el itinerario lógico pasaría por instar a Román a ratificar su denuncia, citar a Chandiramani como investigada y librar un oficio dirigido a Emvicesa con el fin de esclarecer si las supuestas falsedades detectadas por la exconsejera existen o no.
“En cualquier caso”, la Audiencia tendrá que tomar conocimiento de que existe una denuncia por posible falsedad documental que afectaría al atestado en el que sostiene la macrocausa.
Según Román, la entonces gerente de Emvicesa habría identificado de forma “mendaz” a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda entre 2011 y 2015, habría “faltado a la verdad” al explicar las competencias reales de dicho órgano en materia de adjudicación de viviendas y habría patinado al afirmar que era “imprescindible efectuar una baremación de solicitudes” para la adjudicación de viviendas.
También, siempre según la denuncia, habría ocultado decenas de compromisos registrados en Emvicesa sobre casas protegidas y habría contribuido a constatar una “absoluta falta de rigor” en la comprobación de datos durante la instrucción de todo el procedimiento, que se remonta a 2015.