Los padres y madres de alumnos del colegio Ramón y Cajal salieron ayer a la calle para protestar por la situación que viven. De la noche a la mañana se ven obligados a repartir a sus hijos en distintos centros tras el cierre del suyo original. De un plumazo les han arrebatado eso que se llama conciliación, además de regalarles un problema por la cara, por culpa de unas administraciones que no saben hacer bien su trabajo.
Es una vergüenza que el alcalde Juan Vivas y la delegada Cristina Pérez permitan que esto suceda. Ellos son los culpables, cada uno dentro de su parcela, de que el colegio haya tenido que cerrar porque durante años no se hizo caso a las quejas por su mal estado. Ellos son los culpables de que, finalmente, se haya tenido que tomar una decisión drástica y errónea.
Hay padres que tienen que repartirse para llevar a sus hijos al cole porque les han asignado distintos centros. Dijeron que esto no iba a suceder, pero sucede. Y, peor aún, los responsables lo saben y no ponen remedio.
El alcalde y la delegada deben estar muy entretenidos contando las bonanzas de Ceuta en el foro El Español, deben estar levitando haciéndonos saber cuánto de bueno tiene esta tierra y el futuro que se avecina. A mí, lo que ellos hagan me importa bien poco, pero no si las consecuencias inciden de manera cruel en estos padres y madres a los que, literalmente, su mal hacer les ha jodido la vida.
Ni un minuto más puede permitirse este problema. Mirar hacia otro lado es una afrenta a una sociedad a la que luego le piden el voto para seguir en el poder.
Lo del ‘Ramón y Cajal’ es para que la Fiscalía actúe de oficio, primero por haber puesto en riesgo a todos los escolares y docentes; segundo, por incurrir en estas decisiones que atentan contra los derechos de unos padres y unas madres a las que se les está pisoteando sin pudor alguno.
