Las organizaciones No Name Kitchen, Solidary Wheels, Asociación Elín y EXMENAS ha firmado un manifiesto conjunto para manifestar su posición tras lo ocurrido el pasado 15 de septiembre (15S), cuando cientos de inmigrantes intentaron entrar a Ceuta, cumpliéndose así lo que se había vaticinado en redes sociales.
Las oenegés firmantes del documento han denunciado “numerosas devoluciones en caliente y vulneraciones a los derechos humanos en las dos ciudades de Ceuta y Melilla”.
Se han hecho echo de “las irregularidades cometidas durante aquella jornada”, asegurando que las mismas “vienen dándose de manera sistemática desde hace tiempo”.
También han querido poner el foco “en la responsabilidad del estado español y de la Unión Europea ante violaciones a la legislación nacional e internacional, y planteamos una serie de exigencias que posibiliten el uso de vías legales y seguras para migrar”.
El objetivo de esta comunicación que han querido hacer pública no es más que “concienciar a los legisladores, a quienes aplican las leyes y a la sociedad en general para promover una política que respete la dignidad humana”.
El pasado 26 de agosto, la "policía española retenía violentamente" a más de 60 personas en la frontera del Tarajal en Ceuta y, pocas horas después, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevaron a cabo una "devolución colectiva" a Marruecos, según estas organizaciones
En fechas similares, en Melilla, se produjo un incidente en el que una embarcación fue embestida por la Guardia Civil en aguas españolas, resultando en una "devolución en caliente" en colaboración con las fuerzas marroquíes. "Estas prácticas ilegales suceden de manera constante en las dos ciudades fronterizas", señalan estas asociaciones.
En cuanto a lo que se entiende por "devoluciones", estas entidades enfatizaron sobre la importancia de utilizar el término adecuado para describir estas prácticas, ya que usar otros conceptos implica "minimizar el accionar estatal y su consecuente responsabilidad".
En referencia a lo ocurrido en Ceuta, explicaron que "algunos medios se refieren a deportaciones", que son procedimientos legales establecidos que permiten a las personas afectadas apelar la decisión.
No obstante, insistieron en que en estas situaciones se trata de "devoluciones en caliente y devoluciones colectivas" que, insisten estas ONG, "vulneran" tanto la normativa nacional como internacional en materia de protección internacional e infancia.
Estas acciones, indicaron estas organizaciones, "contravienen dos principios fundamentales del derecho internacional: el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas".
Las entidades firmantes recordaron que ambos principios están recogidos en la Convención de Ginebra de 1951, la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención contra la Tortura, el Convenio Europeo por los Derechos Humanos y el Protocolo número 4 del mismo, además de la Convención de Derechos del Niño.
Destacaron, asimismo, que el incumplimiento de estas normativas se refleja en las recientes sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Ceuta, que han declarado ilegal aplicar devoluciones en caliente en el mar.
"Los juzgados confirman que en estos casos deben aplicarse procedimientos de devolución ordinaria con todas sus garantías, como la asistencia letrada e intérprete, que en una devolución en caliente nunca se proporcionan", añaden estas ONG
Estas asociaciones subrayan que estas resoluciones son fundamentales, ya que "las entradas por vía marítima son una constante en Ceuta, especialmente en los últimos meses", y proporcionan un marco jurídico para la actuación de la Delegación de Gobierno.
En cuanto a Melilla, No Name Kitchen, Solidary Wheels, Asociación Elín y EXMENAS mencionan que también se repiten estas situaciones, destacando lo ocurrido el 24 de junio de 2022, cuando "se llevaron a cabo devoluciones colectivas en caliente con extrema violencia". Denuncian que, a más de dos años de los hechos, "no se ha realizado una investigación transparente y efectiva de lo sucedido".
Además, critican que, tras ejecutar estas prácticas ilegales de devolución, "las autoridades españolas se desentienden de lo que sucede al otro lado de la valla, como si no les concerniera". Indicaron que lo que ocurre en el lado marroquí tiene un nombre: "externalización de la frontera española y europea", de la cual también son responsables las autoridades españolas.
Finalmente, recordaron que en abril de 2024 el Parlamento Europeo aprobó el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. A su juicio, este conjunto de medidas legislativas "irresponsables con los derechos humanos" busca consolidar la creciente militarización de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, y acelerar las políticas de externalización para gestionar el control migratorio. Explicaron que "estas políticas reflejan el aprovechamiento descarado por parte de los Estados que históricamente han ocupado posiciones de poder para influir en la soberanía de otros Estados con economías dependientes, saqueadas y sumergidas, como suelen ser los países de origen y de tránsito". "Hablamos de negociaciones entre dos partes desiguales, con poderes diferentes y pesos desequilibrados a la hora de poder decidir de manera autónoma", concluyeron.
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